El movimiento que se levantó contra la falsa privatización de las plantas Punta Catalina pudo ganar mucha simpatía de dar un paso más al frente, no limitándose solo a la satanización del fideicomiso, sino demandar que se transparente el proceso de construcción y se establezcan responsabilidades sobre los sobornos para la aprobación de los préstamos y la ejecución de la obra.

No deja de resultar bastante extraño, extrañísimo, que a casi tres años de la revelación de que el consorcio realizó pagos ilícitos por 39.8 millones de dólares para la termoeléctrica, todavía no se haya tomado una iniciativa ni siquiera para identificar e interrogar a los supuestos sobornados. Pero tampoco con los alrededor de 15 millones de dólares que se habrían erogado en las mismas condiciones para otras obras.

El consorcio, que a través del acuerdo de lenidad con el Estado dominicano se comprometió a decir toda la verdad sobre sus operaciones, violó el tratado al ocultar informaciones.

Pero no solo lo hizo en el caso descubierto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sino al reconocer en un expediente suministrado a Perú, que para las elecciones de 2006 había pagado sobornos y financiado la campaña de partidos y candidatos. Salvo rutinarias declaraciones no se ha visto ninguna acción para establecer la verdad sobre ambos casos.

En las condiciones económicas en que está el país esa investigación es más trascendental que nunca. De probarse que Odebrecht violó el acuerdo de lenidad el Gobierno la obligaría a cumplir con el pago de más de 100 millones de dólares adicionales a los 184 millones por los 92 que confesó.

La inacción genera muchas conjeturas. Hace pensar que la constructora brasileña cuenta con una carta muy poderosa debajo de la manga, que si la saca embarraría a muchos santurrones de todas las latitudes.

Es imposible conformarse con la comedia judicial contra el empresario Àngel Rondón y otros polìticamente bien seleccionados, mientras se deja de lado la investigación sobre los pagos ilícitos para la campaña electoral de 2006, para la construcción de la polémica Punta Catalina y para otras siete obras, todas bien documentadas.

El movimiento que se levantó contra la falsa privatización y el fideicomiso para Punta Catalina debería hacerse sentir con más acciones patrióticas, enarbolando como bandera que se transparente todo el proceso para la construcción de la obra, al margen de la auditoría dispuesta por el presidente Luis Abinader, y se identifiquen y establezca toda la verdad sobre los sobornos. Y si Odebrecht quiere sacar su carta, que lo haga, pero que no se quede con el dinero del pueblo.