En el país existe una “industria de la extorsión” que incluye a periodistas, que hacen eco a las voces de la corrupción que se resisten a los cambios y a la institucionalidad, denunció ayer el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel.

Dijo que con las medidas de transparencia se han visto afectados intereses económicos y políticos en todas las direcciones y banderías, lo que genera rechazo y malestar.

Pimentel no identificó a los integrantes de la “industria de la extorsión” donde según él están incluidos los periodistas, por los que algunos sectores consideran que harían un buen aporte a la sociedad si lo llama por sus nombres.

“Nosotros tenemos un tipo de comunicación que no es la más objetiva, plural, abierta e íntegra, sino también que tenemos voces que convivieron y conviven con la corrupción. Entonces, esas voces son las que hacen eco a esos intereses”, indicó.

Dijo que no escapa a las críticas no fundamentadas o a intereses marcados, que son de la industria de la extorsión en el país.

“O tú tienes actores que se venden o son periodistas, pero se dedican a generar contenido sensacionalista”, insistió.

Y detrás de eso, agregó, puede haber muchos casos de extorsión de distinta naturaleza y de distintos tipos para generar presión y miedo ante el cumplimiento de las normativas y el rol que debe ejercer.

Criticó lo que denominó un sistema de complicidades que arrebató la construcción de condiciones dignas del pueblo dominicano con el robo de los recursos públicos.

En ese pasado régimen de complicidades, sostuvo, los órganos de persecución y de control eran parte de la corrupción.

“Rescatar un país de un nivel de podredumbre de esa naturaleza necesita y va a necesitar cada vez mucho más esfuerzo y trabajo”, sostuvo el funcionario al ser entrevistado en el programa El Demócrata TV.

Afirmó que, en la República Dominicana, con relación al fortalecimiento de la institucionalidad y el rescate de los niveles de impunidad, ha tenido pasos agigantados, aunque no suficientes para sentirse aún satisfechos.

Citó entre los avances los trabajos del Ministerio Público, la creación de una Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y el programa de recuperación del patrimonio donde el Estado está constituido en parte civil en casos de corrupción.

Asimismo, la importancia de las auditorías que realiza y publica la Controlaría, por primera vez en la historia, con recomendaciones de corrección o solicitudes de sanción.

Cifró amplias esperanzas en una nueva ley de compra y contrataciones que impulsan, para que modifique la Ley 340, y que está a la espera de aprobación en el Senado desde hace más de dos años.