El jueves 16 de junio pasado, la Fundación de Militares Constitucionalistas depositó una instancia directa de inconstitucionalidad ante la secretaría del Tribunal Constitucional, con el objetivo de que derechos fundamentales, como lo son el derecho a la igualdad y a la dignidad, les sean definitivamente reconocidos al grupo de militares democráticos.

Estos militares desde el 24 de abril de 1965, estaban encabezados por el Capitán Mario Peña Taveras y, a partir del 4 de mayo de ese año, bajo el mando del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, Presidente Constitucional en Armas, por disposición de la Asamblea Nacional, representada el 3 de mayo, por 17 de los 27 senadores y 41 de los 74, diputados, iniciaron uno de los episodios más glorioso de toda América Latina y, tal vez del mundo.

Estos militares actuaron al margen de los intereses de la oligarquía tradicional y pasar a darle sentido de realidad a la Constitución, al disponerse a reponer, junto a gran parte de la población civil, el gobierno del Profesor Juan Bosch, surgido de la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962, así como restablecer la Constitución del 29 de abril de 1963.

Ese grupo de militares democráticos que, junto a policías y diversos sectores de la población civil, convirtieron aquella revolución constitucionalistas en guerra Patria, al enfrentar con gallardía espartana, al ejército más poderoso del mundo, para defender nuestra soberanía nacional, obedecieron, en términos generales, al mandato del artículo 161 de la Constitución de 1963.

El mismo establecía que: El objeto de la creación de las Fuerzas Armadas “es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes”, y al propósito indeclinable del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, de que los militares les devolvieran al pueblo, lo que otros militares le habían quitado: La libertad de elegir su destino político, social y económico.

Aquella gesta gloriosa iniciada el 24 de abril y concluida (en término de la confrontación bélica de los bandos militarmente armados) el 31 de agosto de 1965, con la firma del Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional, entre el coronel Caamaño y la Comisión Ad-Hoc de la Organización de Estados Americanos-OEA, por un lado dejó un saldo de muertos compuestos por unos 2 mil 850 civiles dominicanos, 500 soldados de las Fuerzas Armadas, 325 miembros de la Policía Nacional y estimándose unos 600 combatientes constitucionalistas y 44 soldados americanos.

Los heridos fueron estimados en 172 americanos y unos 3,000 dominicanos, según datos de la Cruz Roja, contenidos en la página 89, del libro: “El eslabón perdido gobierno provisional 1965-1966”, del fenecido combatiente constitucionalista y posterior guerrillero, Hamlet Herman, y por otro lado dejó a más de 700 militares y policías constitucionalistas perseguidos, asesinados, exiliados, en violación a los pactos más arriba señalados, principalmente el art. 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, el cual disponía que: “Una vez instalado el Gobierno Provisional, las Fuerzas Armadas volverán a sus cuarteles y se pondrán bajo las órdenes del Comandante en Jefe, el Presidente Provisional, aquellos militares que hayan participado en el conflicto actual, se reintegrarán a las Fuerzas Armadas, sin discriminación ni represalia”.

Irónicamente esto nunca ocurrió durante los 45 años siguientes a la gesta de abril. Por el contrario, la discriminación y la represalia fueron aplicadas con saña a los constitucionalistas. Suerte que el 22 de abril del 2010, el Presidente Leonel Fernández emitió los valientes y justos decretos 236-10 y 237-10, los cuales iniciaron un proceso de reivindicación de los hombres y mujeres de abril, porque también emitió otros decretos que favorecieron a combatientes civiles. De justicia es reconocerlo, como también el último que emitiera el Presidente Danilo Medina, a favor de combatientes civiles.

Pero aún en esos decretos hay omisiones de la violación a los derechos de igualdad y dignidad de los militares constitucionalistas, que el Estado Social y Democrático de Derecho de que hoy disfrutamos, debe resolver, para bien de las presentes y futuras generaciones de militares, policías y civiles.

Resolver esto, de manera definitiva, es un gran reto, porque así como la revolución de abril de 1965, fue el acontecimiento político y militar, más importante del Siglo XX, la discriminación y represalia en contra de los constitucionalistas, fue de la más cruel e inhumana de nuestra historia.

Esta herida que lacera el corazón del llamado Estado Social y Democrático de Derecho contenido en nuestra Constitución, debe ser reparada.

El país necesita reglas claras, y que se cumplan, para salvar la situación casi anómica por la que estamos atravesando, la cual, finalmente nos hará y está haciendo daño, a todos y todas.
En este sentido, en el 1965, aunque lo han pagado con creces, los constitucionalistas pusieron la primera piedra, para que se respetara nuestro marco jurídico referencial.

Hoy cabe a la justicia actuar con igual intencionalidad y determinación, para que se pueda demostrar, si en verdad, la Constitución es realidad o ficción.