Se dice que la Marcha Verde ha perdido fuerza y no lo descarto. Su lucha se focalizó en contra de la corrupción y de la impunidad, enfatizando el caso de los sobornos de Odebrecht, cuando el grueso de los problemas que atraviesa el país, incluyendo el dolo o peculado en los órganos públicos, es consecuencia de la falta de institucionalidad. Además, no recibió el apoyo necesario de los partidos políticos, que, contrariamente, procuraban beneficiarse de ese movimiento cívico.

Pero más que la temática abordada y la falta de apoyo serio de las organizaciones políticas, el mayor problema de Marcha Verde es la falta de recursos económicos para sus actividades, en una sociedad, como la nuestra, donde cada vez se torna más difícil obtener la solidaridad de la gente pobre, porque sus bajos niveles educativos le impide entender que el asistencialismo gubernamental y quienes le compran el voto son los únicos responsables de su pobreza social.

Y ahora los denominados partidos opositores vuelven a entretenerse con los asuntos electorales y todos sus esfuerzos se dirigen hacia la contienda comicial del 2020, cuando lo que demanda el momento es la formación de una fuerte coalición para luchar por el rescate de las instituciones dominicanas. No se puede obviar que lo que permitió elecciones libres y democráticas en 1996, 1998, 2000 y 2004 fue el Pacto por la Democracia que se firmó en 1994.

El fraude electoral de 1994 creó una crisis nacional que obligó a Balaguer a pactar con Peña Gómez y se logró una serie de conquistas institucionales, conquistas que fueron aniquiladas por el PLD al politizar poderes públicos independientes, como la justicia y los órganos electorales. No hay, en este momento, ningún movimiento político ni cívico cuya meta sea recobrar la cercenada institucionalidad.

Ahora la suerte del país depende de la profundización de la crisis del PLD. Habría que esperar la forma en que evoluciona el pulso que sostienen el presidente Medina y el doctor Leonel Fernández por el control del partido morado y por su candidatura presidencial para el torneo electoral del 2020.

Si el PLD se fracciona de forma significativa y se debilita al extremo, entonces el fraude electoral no resulta viable, al menos que el oficialismo se proponga quedarse en el poder sin importar las consecuencias. De todos modos, lo que se vislumbra en el momento es que un eventual retorno institucional del país depende de la crisis del PLD.