Si examinamos el sistema de gobierno que hemos tenido desde la caída de la tiranía trujillista hasta hoy, tenemos que concluir en que lo logrado es una democracia fallida. No es una simple afirmación retórica, sino una realidad palpable.

La debilidad de nuestras instituciones, que hace imposible una mejor distribución de la riqueza, el goce amplio de nuestra soberanía, un régimen aceptable de Justicia y una democratización del ejercicio del voto, es algo que no se compadece con los montones de muertos, exiliados, presos, heridos y desaparecidos, que dieron lo mejor de su existencia para lograr una democracia ajustada a nuestra realidad social.

No se argumente que esto es imposible: ahí está el ejemplo de algunos países latinoamericanos que marcan la diferencia. Los respectivos pueblos de esas naciones cuentan con conquistas sociales jamás vistas, algo que al parecer molesta a grandes potencias que creen que todavía estamos en la época de la Colonia.

Una de las más preciadas de nuestras conquistas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, es una victoria pírrica en comparación con la sangre derramada en la lucha por mejores condiciones de vida para los dominicanos.

En muchos casos, cuestionables decisiones judiciales que favorecen la corrupción y otras modalidades de la delincuencia, jamás podrían parecerse a la Justicia que soñaron aquellos que se sacrificaron para lograr una democracia mejor, donde prevaleciera la honestidad en el manejo de los fondos públicos y cesara la tradicional impunidad a favor de los deshonestos.

Creíamos que a más de 50 años de decapitada la tiranía, el liderazgo nacional se fortalecería, unido en un ideal común dentro de sus diferencias. Pero ha sido lo contrario: cada día se ahondan las divisiones entre los partidos tradicionales, lo que erosiona aún más los principios democráticos y crea condiciones para una nueva dictadura.

No faltan voces que estimulan la prolongación del actual estado de cosas, mientras otros quieren volver a la Presidencia quizás con la intención de eternizarse en el Poder, como si fueran figuras mesiánicas a las cuales hay que rendir permanente pleitesía.

Total, ninguno ni otro cumple sus promesas: ahí están los casos de las Presas de Monte Grande y la de Madrigal, la titulación de terrenos del Estado en manos de particulares, la solución al problema energético, y paro de contar.

En todo caso, si lo que prima ahora es el alegato de que cuatro años son pocos para cumplir una buena obra de Gobierno, pues que se modifique la Constitución para ampliar el período presidencial de cuatro a seis años, sin reelección para siempre.