Aunque la jueza Fátima Veloz por el escándalo de Intrant le impuso 18 meses de prisión preventiva a Hugo Beras, a los pocos días se le despachó para su hogar y se cumplió lo afirmado por el presidente Luis Abinader de que en sus gobiernos “ha desaparecido la impunidad”.

La togada pudo hacer quedar mala al mandatario porque enviar a prisión a los adláteres del gobierno es tirar por la borda lo asegurado por el presidente, que distingue su gestión en materia de justicia. Si acaso se llega el juicio de fondo, se cumple con lo sostenido por el mandatario.

Muchos entienden que esa decisión ni es casual ni es independiente, en los gobiernos de Luis Abinader.
Beras, finalmente, hizo que quedaran muy bien los del Ministerio Público. En su programa ‘Vehículo en la radio’, dijo que su efímero encierro en Najayo, se asemejó a como haber asistido a un campamento. Y más que eso, en lo que es una extraña disonancia cognitiva, manifestó que adelgazó y que, de haberlo sabido antes, hubiese preferido con anterioridad, ese apremio corporal.

Con esas declaraciones, refuerza, para complacencia de los que ordenaron su encarcelamiento, que esa experiencia fue beneficiosa. Entendemos que el mandatario también debió sentirse complacido con ese criterio porque se le da continuidad al “régimen de consecuencia” que desaparece la impunidad, ante ciertos desfalcos o estafas “subsanables”.

Y podemos decir que, contrario a lo que ha ocurrido con apresados de la oposición política, en el caso de Beras, diligentemente, de siete medidas coercitivas de la justicia, como muy escasas veces, apelaron a un privilegiado dispositivo jurídico que lo envío a su dulce hogar, y le permite continuar con su actividad radial.

La satisfacción, en comparación con otros encarcelados con medidas coercitivas, por diversas imputaciones, es mayúscula.