Cuando el matrimonio infantil y la explotación revelan la misma raíz: el abuso de poder
Cada año, 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir 18 años, según datos de UNICEF. En el mundo viven hoy alrededor de 640 millones de mujeres que fueron casadas durante su infancia.
Las cifras son oficiales pero lo que representa es devastador
El matrimonio infantil no es un fenómeno residual ni una práctica confinada a regiones remotas. Es una violación sistemática de derechos humanos que persiste en múltiples culturas, economías y sistemas políticos. Y cuando se analiza con mayor profundidad, revela una verdad más amplia: la vulnerabilidad de los menores ante estructuras de poder que priorizan tradición, dinero o estatus por encima de la protección.
Dimensión global: más allá de una geografía
En África subsahariana y el sur de Asia se concentran las tasas más altas de matrimonio infantil. Sin embargo, América Latina y el Caribe registran una prevalencia cercana al 21 %, una de las más estancadas del mundo en las últimas décadas.
En República Dominicana, por ejemplo, más de un tercio de las mujeres jóvenes fueron unidas antes de los 18 años, de acuerdo con reportes de UNICEF.
A pesar de compromisos internacionales y reformas legislativas en varios países, el avance ha sido lento. Naciones Unidas advierte que el mundo no está en camino de cumplir la meta de erradicar el matrimonio infantil para 2030, establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La práctica persiste por una combinación de pobreza, desigualdad de género, normas culturales y debilidad institucional. Pero reducirla únicamente a tradición o precariedad económica sería insuficiente.
Consecuencias estructurales
El matrimonio infantil no es un acto aislado; es un punto de inflexión que altera toda una trayectoria de vida.
- Interrumpe la educación.
- Aumenta el riesgo de embarazos precoces y complicaciones obstétricas.
- Incrementa la exposición a violencia doméstica.
- Refuerza ciclos de dependencia económica y exclusión social.
Las niñas casadas suelen quedar aisladas de redes de apoyo y con escasas herramientas para escapar de relaciones abusivas. La autonomía se reemplaza por subordinación.
El daño no termina en lo individual: las comunidades también pierden capital humano, productividad y estabilidad social.
El espejo incómodo: explotación en sociedades desarrolladas
El debate suele enfocarse en países en desarrollo, pero la explotación de menores no reconoce fronteras culturales ni económicas.
El caso de Jeffrey Epstein expuso cómo adolescentes vulnerables podían ser reclutadas, manipuladas y abusadas dentro de redes de alto poder económico y político en Estados Unidos. No se trató de tradición ni de pobreza extrema. Se trató de impunidad, dinero y desequilibrio de poder.
Aunque el matrimonio infantil y las redes de explotación sexual no son fenómenos idénticos, comparten una estructura común: la cosificación del menor y la apropiación de su cuerpo o su futuro por parte de un adulto con mayor poder.
En ambos casos, la infancia se convierte en objeto de negociación.
El núcleo del problema: poder y demanda
La persistencia del matrimonio infantil no puede explicarse únicamente por la oferta —familias vulnerables o contextos frágiles sino también por la demanda: hombres adultos que buscan esposas adolescentes, redes que lucran con la explotación y sistemas que fallan en proteger.
Cuando una niña es obligada a casarse, el consentimiento no es genuino. Existe asimetría. Existe presión. Existe una estructura que legitima la desigualdad.
La explotación de menores, ya sea en un matrimonio forzado o en una red criminal, responde a la misma lógica: el abuso de poder.
Una responsabilidad colectiva
La infancia debería ser el espacio más protegido de cualquier sociedad. Sin embargo, millones de niñas viven atrapadas entre normas culturales, desigualdad económica y estructuras que priorizan intereses adultos.
La verdadera pregunta es cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de afirmar, sin ambigüedades, que la infancia no se negocia.
