Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) emprendió ayer la tarea de imponer orden en calles aledañas al Palacio Nacional donde el libre tránsito por vías y pasos peatonales ha sido entorpecido por carros, yipetas, guaguas y camiones mal estacionados o ubicados sobre aceras, como si esa área de alta seguridad fuera tierra de nadie.

Los agentes de Amet se incautaron 23 vehículos, la mayoría propiedad de políticos, militares o funcionarios de servicio en el Palacio Nacional que creen tener licencia para violar la ley o hacer difícil el paso de otros conductores por esa zona del sector de Gazcue, sin que efectivos del Cuerpo de Ayudantes Militares realicen siquiera un mínimo de esfuerzo para afrontar el desorden.

Esa institución ha podido cumplir con su deber de restaurar orden en los alrededores de la sede de Gobierno, aun a regañadientes de funcionarios o gente de influencia que se consideran con privilegio para ubicar sus vehículos donde mejor les parezca, pero es menester advertir que esa institución carece de fuerza o apoyo para combatir el caos que prevalece en el tránsito por autopistas, carreteras, avenidas y calles.

El desorden en el tránsito ha llegado hasta el perímetro del Palacio Nacional, sin que se pueda culpar de ese caos a los dos mil 400 efectivos de Amet que no dan abasto para controlar a decenas de miles de choferes y conductores cuya misión de cada día parece ser la de violar la ley 241 sobre tránsito terrestre.

Amet fue creada en principio para atender los corredores de transporte público del Gran Santo Domingo, pero su labor ha sido extendida a todo el territorio nacional sin que haya sido dotado de más personal, equipos ni se haya modificado la ley de tránsito para endurecer las sanciones por contravenciones.

Mientras en otros países la ley prevé intereses y moras por retrasos en el pago de multas y suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir por reincidencia, aquí choferes y conductores tardan hasta cuatro años en honrar el importe de una sanción económica y nada ocurre si se convierten en consuetudinarios violadores de la ley.

La Dirección General de Tránsito Terrestre otorga cada mes más de 15 mil licencias a nuevos conductores, mientras ingresan por aduanas miles de vehículos importados, sin que se aplique ninguna ley que haga perimir la emisión de placas a la impresionante cantidad de chatarras que circulan por todas partes.

No es justo culpar a Amet por el desorden en el tránsito vehicular, porque las causas primigenias de ese salvajismo vial han sido la falta de respaldo a esa institución, la enorme circulación de vehículos chatarras, la no modificación de la ley 241 para endurecer sanciones contra choferes y conductores irresponsables y la carencia de voluntad política para afrontar tan grave situación, que llegó hasta las verjas del Palacio Nacional.