Por Dantes Ortiz Núñez.-

Desde antes de surgir las Ciencias Sociales los hombres han tenido preocupaciones sobre las funciones del Estado, y las mismas se afianzaron tras el surgimiento de la política como ciencia, el derecho, la antropología y la sociología.

A lo largo del siglo XX la relación Estado y Sociedad Civil adquirió carácter central, pues la forma de cómo el Estado penetra la sociedad civil, en un sentido u otro, es crucial pues afecta su presente y condiciona su futuro. En ese sentido, los estudios abordaron los Estados premodernos y modernos, sus ingresos y su autonomía política relativa; su relación con los grupos dominantes y su responsabilidad en devolverle a la sociedad, en bienes y servicios, lo que le quita en impuestos y tasas.

Por igual los tratadistas especializados en cuestiones del Estado han puesto de relieve la relación del mismo con el territorio, con la población y con los recursos disponibles en su espacio jurisdiccional; además, se ha dispensado gran atención al origen y desarrollo estatal; a su relación con la burocracia, con los aparatos represivos, los intelectuales y los aparatos ideológicos. Por lo que no debe dudarse que las cuestiones estatales revisten carácter estratégico y, desconocerlas, puede ser catastrófico.

Para el buen funcionamiento del Estado, la sociedad se dota de normativas que deben ser referencias obligadas para gobernantes y gobernados. Esas normativas (Acuerdos internacionales, Constitución, Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas) hay que conocerlas, acatarlas y aplicarlas, la no observancias de ellas, conllevas severas sanciones.

Para aplicarlas el Estado tiene agencias, ministerios e instancias integrados por funcionarios dotados de conocimientos especializados, además del dominio de las normativas para viabilizar objetivos, planes y proyectos que beneficien a la población. Es inherente a los funcionarios actuar en el marco de las normativas y es prerrogativa ciudadana conocerlas para vigilar su aplicación y respecto.

La accidentada historia nacional y los escasos niveles culturales y profesionales de quienes más han gravitado en ella ha dificultado, cuando no bloqueado, crear las bases jurídicas e institucionales para que el Estado pueda funcionar, para que los funcionarios respeten las leyes y que el mismo pueda cumplir tareas civilizatorias.

Desde que surgió el Estado dominicano, las vicisitudes histórico-estructurales y las conductas díscolas de funcionarios, han impedido que el poder-propiedad, que lo marca y define como premoderno y patrimonialista, deje de operar y sea sustituido por un proceso creciente de funcionalidad institucionalizante.

En República Dominicana es cada vez más notorio que por la cuantía de sus riquezas hay familias que actúan por encima de las leyes y de los funcionarios responsables de aplicarlas; estas, y lo grupos corporativos, mantienen la sociedad en un círculo perverso que bloquea la asimilación de la disciplina social y fomenta la desobediencia a los legalismos, reproduciendo el desorden institucional y social que caracteriza a la sociedad dominicana como ha sido puesto en relieve por la pandemia del coronavirus, por el accionar protodelictivo de funcionarios y de un sector de la población que repele acatar la cuarentena.

Esa calamitosa realidad viene de lejos pues en la mayor parte de la vida republicana el Estado ha sido dirigido por un cuerpo burocrático sin los perfiles técnico-profesionales mínimos, sin los conocimientos especializados en las diferentes áreas gubernamentales y ha sido una constante que la Alta Burocracia ofrezca muestras de no conocer la Constitución y las leyes, o conociéndola, simplemente decide actuar al margen de lo que éstas establecen, reproduciendo crisis de legitimidad, como hace el señor Presidente en sus visitas sorpresas que viola lo concerniente a la ley de presupuesto y la de las erogaciones públicas, pues dispone de los recursos públicos como si se tratara de su propiedad; o, como hace el Procurador, que obvia pruebas de corrupción si se trata de sus compinches del partido. Siendo la justicia el mecanismo sistémico para autodepurarse, resulta paradójico que desde el Estado se actúe reproduciendo la impunidad frente al dolo, la prevaricación, el cohecho y la asociación de malhechores, como ocurre a diario.

Eso demuestra que desde el Estado se ignoran aviesamente las disposiciones legales a conveniencia, bloqueando los procesos de institucionalización y esas actuaciones se explican porque los funcionarios están dedicados a acumular riquezas y para ello deben delinquir, mediante el despojo a la población de los recursos destinados a obras de interés general.

¿Puede alguien creer que los responsables de la seguridad nacional no están implicados con la presencia de cientos de extranjeros indocumentados que abundan por las calles de Boca Chica, Bávaro, Samaná, Puerto Plata y demás Polos Turísticos? Esos extranjeros indocumentados, buscados por delitos diversos en sus países de orígenes, viven aquí sin que autoridad alguna los moleste.

Tales casos demuestran que esas autoridades no ejercen dominio ni control alguno sobre el territorio y la población, que el país está a merced de delincuentes de todo tipo.

Lo mismo cabe frente a la presencia de millares de indocumentados haitianos, en contraste con el trato vejatorio que las autoridades de Haití dispensan a los dominicanos sin documentos que apresan en su territorio, sin que la cancillería y la Presidencia se den por aludidos. Además, frente a las pruebas incontrovertible de actos de corrupción, la Procuraduría se mofa de las mismas y somete a quienes las aportan. ¿Qué sociedad que se precie de tal, soporta la inoperancia y corrupción que campea en el Estado dominicano?
El autor es historiador.