Es difícil poner en su justo contexto los eventos que han venido aconteciendo en Brasil. El gigante suramericano vive un estado de constantes protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff por los escándalos de corrupción que han salpicado a toda la clase política y empresarial de ese país. En el medio de todo esto se encuentra la justicia y el ministerio público de Brasil, quienes han venido hilando finamente la frontera entre el accionar legal dentro de los límites definidos del Poder Judicial y el accionar político, con todo lo que ello lleva.

Por un lado, es difícil no celebrar la acción de los jueces y fiscales brasileños que de forma decidida han venido dando frente a la corrupción sistémica en su país. Parte importante de la élite empresarial está condenada o sometida ante la justicia por hechos de corrupción, casi un tercio del Congreso de Brasil está siendo investigado por sus acciones alrededor de la llamada Operação Lava Jato, ex Presidentes desde Fernando Collor de Melo hasta Lula da Silva están siendo sometidos, y bajo investigación están desde el candidato opositor Aecio Neves hasta la Presidente Rousseff incluyendo absolutamente todos sus posibles sucesores de conformidad con la Constitución de Brasil. Así como la corrupción no suele discriminar cargos, la justicia y el ministerio público carioca no han discriminado por partidos ni líderes políticos en sus investigaciones.

Sin embargo, y por otro lado, es preocupante que el Poder Judicial termine embriagado en el alcance de su poder acobijado en el populismo judicial. Dos decisiones recientes, la revelación al público de evidencia que había sido desestimada por no haber sido obtenida legalmente y la orden de suspensión del nombramiento del ex Presidente como Jefe de Gabinete del actual gobierno, son evidencia de que en efecto algunos miembros del Poder Judicial se han dejado llevar de su entusiasmo por el apoyo popular que han recibido. Esto supone un peligro no solo a la institucionalidad de Brasil, sino a la credibilidad del caso mismo que pretenden llevar con éxito a su fin y que hasta ahora cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los brasileños.

Nunca antes se había visto una acción de fiscales y jueces de esta envergadura en un país latinoamericano. Normalmente se entiende que la corrupción es endémica en nuestros países y que esta persiste gracias a la debilidad de nuestros sistemas de justicia, nunca nos preguntamos qué ocurriría si lo segundo llega antes de que lo primero esté subsanado, y quizás esto sea lo que en efecto viene sacudiendo a Brasil.

El trabajo de la justicia brasileña por medio de sus jueces y fiscales es realmente inspirador para toda una región que ha vivido aplastada por la corrupción institucionalizada en sus Poderes del Estado y su clase empresarial. Pero estos deben ser sumamente cuidadosos de preservar su accionar dentro del marco de la ley y garantizando el debido proceso judicial y los derechos fundamentales de todos los imputados, para evitar que luego de tanto esfuerzo todo termine siendo para nada, y esa labor, especialmente en países como los nuestros, es particularmente complicada.