La incansable discusión sobre la Ley de Partidos Políticos ha sido revitalizada con un nuevo anteproyecto introducido por los legisladores del partido oficialista. Lamentablemente, el debate se ha mantenido tan superficial y vago respecto de lo que debiere ser esta iniciativa y hoy pocos o nadie han alertado sobre la realidad de que tanto los 3 proyectos que pulularon en el Congreso en los últimos años como el actual son totalmente desastrosos, y en la práctica no conllevarán ningún cambio significativo en la forma como actualmente se manejan nuestros partidos. Sí, la República Dominicana necesita una ley que regule sus partidos, pero ciertamente no como hasta ahora ha sido propuesta.

Con la pobre excusa de erradicar los partidos “bisagra” se insiste en poner límites porcentuales mínimos respecto de votos en elecciones pasadas para otorgar reconocimiento, y persiste el afán de seguir con el peligrosísimo juego de otorgar y revocar la personalidad jurídica de los partidos políticos como si fuera un premio o castigo al esfuerzo. Por un lado, los límites porcentuales mínimos como requisito de reconocimiento solo sirven para eternizar a los mismos de siempre en el poder y severamente limitar la capacidad organizativa de cualquier alternativa emergente que tenga un interés legítimo en ejercer sus derechos políticos. Por el otro lado, el vaivén con la personalidad jurídica de los partidos impone una incertidumbre persistente en la capacidad de estas organizaciones para realizar asuntos tan elementales como contratar empleados, locales o tener una simple cuenta bancaria, por lo que condicionar su existencia a resultados electorales es un despropósito al ejercicio igualitario de la política.

Más aún, insistir por la vía de esta ley con las cuotas de participación para jóvenes y mujeres a pesar de que a más de una década de su implementación estas han demostrado ser totalmente inútiles, es ya rayar en testarudos. A pesar de que las cuotas establecen un 33% de participación para la nominación a cargos electivos, el número de jóvenes y mujeres efectivamente electo sigue por debajo del 15%. Atacar la cultura discriminatoria dentro de los partidos pudiera ser más eficiente que seguir promoviendo la “discriminación positiva” que elimina los incentivos de los “beneficiados” a buscar relevancia política en las bases.

Más grave es el hecho que de acuerdo a todos los proyectos, en la República Dominicana se le exigirá mayor transparencia a los salones de belleza que a los partidos políticos. Establecen límites a donaciones privadas relacionadas como porcentaje del monto recibido por el Estado (lo que resulta abiertamente discriminatorio y tendente a eliminar cualquier partido emergente), no se establecen controles adecuados para prevenir el lavado de activos a través de las campañas políticas, no hay mecanismos de publicidad de los estados financieros de los partidos ni sus donantes o gastos, ni siquiera establecen oficiales responsables dentro de los partidos llamados a velar por el cumplimiento de las normas de transparencia y prevención que comprometan su responsabilidad personal por ello.

Sí, se necesita con carácter de urgencia una ley que regule a los partidos políticos, pero si las cosas se van a hacer mal mejor que no se haga nada. Así nos evitamos la ilusión de que con la aprobación de cualquiera de los proyectos que hoy existen sobre ello el problema quedó “resuelto”.