El país no puede darse el lujo de asistir a las elecciones del 2020 sin una ley de partidos que regule el sistema electoral y ponga orden a lo interno de las organizaciones políticos. Ya no es siquiera una necesidad del sistema, sino una demanda de la sociedad que el Congreso no debe dilatar más tiempo en hacerla suya.

No importa si esa ley tenga algunas cojeras, en el camino se arregla la carga, decimos allá en Cabrera, el asunto es que hay que aprobarla en la actual extensión de la legislatura. Danilo y Leonel deben dejarse de «vaina» y ponerse de acuerdo para que el actual proyecto se convierta en ley.

Con primarias o sin primarias, abiertas o cerradas, a la población en sentido general eso le importa poco, lo que sí es de interés general es que vayamos a los próximos comicios con un instrumento jurídico que sirva de guía a los partidos y organizaciones participantes.

La ley de partidos es una demanda de la sociedad y una necesidad para el sistema democrático
Un instrumento en el que se garantice la democracia interna en los partidos, y el respeto al derecho que tiene la militancia.

Una sociedad está harta y fastidiada por los escarceos alentados por el liderazgo político que incide en el Congreso Nacional, especialmente en la Cámara de Diputados, quienes han colocado los intereses particulares a la necesidad de la nación, colocándose de espalda a la población que los llevó a esas posiciones.

Gobierno, partido oficialista y oposición desean una ley tejida a imagen y semejanza de particulares intereses coyunturales o cónsonos con la loca carrera por la candidatura presidencial del 2020, por lo que los intereses de la nación y en particular de su democracia han sido relegados no se sabe a qué planos.

La gente está harta de pedir a través de las instituciones más representativas de la sociedad terminar con este drama.

Los diputados están compelidos a no dilatar más la aprobación de esa ley, a fin de que la misma garantice los derechos democráticos y constitucionales a elegir y ser elegido, además que evite que esas organizaciones se conviertan en máquinas de lavado de dinero.