La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Presupuesto General del Estado, por un monto de $816, 565, 340, 417, que sería afectado por un déficit fiscal y el servicio de la deuda pública, estimados en 226 mil 277 millones de pesos.

Aunque el estimado de ingresos representa un incremento absoluto de 65 mil 600 millones de pesos con relación al que se ejecuta este año, esos fondos resultan insuficientes para cumplir con la carga fija del Estado y abordar las urgencias nacionales.

El correspondiente a 2018 es en sí mismo un Presupuesto deficitario, es decir que los ingresos serán menores a lo estipulado en esa ley de gastos públicos, por lo que el déficit fiscal previsto deberá ser compensado con más deuda, lo que el pago de capital e intereses vencidos representa más de un 20% de su monto total.

Del incremento consignado en esa pieza, unos 26 mil 600 millones serán destinados al pago de intereses de la deuda pública, nueve mil millones adicionales a Educación, $5,600 millones al Ministerio de Defensa y $3,962 millones al proyecto Ciudad de la Mujer.

Desde el litoral del Gobierno se afirma que el Presupuesto 2018 ha sido bien estructurado con énfasis en los sectores educación, salud, vivienda, Pymes, entre otros, y que proyecta una reducción del déficit fiscal de 2,7% al 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El reverso de la moneda es presentado por la oposición política que considera es una pieza con vocación al déficit, que reduce las inversiones y privilegia la maquinaria burocrática estatal a través del gasto corriente y dirigido a obras no prioritarias.

Los ayuntamientos, la Universidad Autónoma y la Justicia quedaron fuera del reparto de los panes y peces por lo que tendrán que esperar tiempos mejores cuando el Gobierno cumpla con la ley que fija partidas a esas instituciones en proporción al PIB o al monto presupuestal.

A lo que se aspira es a que al menos el Gobierno cumpla cabalmente con lo estipulado en esa ley de gastos públicos y que respete la normativa referida a las partidas sobrantes, en caso de que los las previsiones de ingresos hayan sido subvaluadas. Transparencia es lo que se reclama.