Hace décadas que los dominicanos venimos exigiendo un mecanismo de carácter legal para regular, de una vez y por todas, las distorsiones salariales que se reflejan en la administración pública, en donde, de manera antojadiza, algunos funcionarios de alto nivel, siempre partiendo de una supuesta discrecionalidad, disponen aumentos de sueldos según sus criterios, sin que haya fuerza de ley que se lo impida.

Y ahora que nos encontramos con la posibilidad real de deshacer un entuerto irritante, sucede que por puras conveniencias unos pocos prefieren que se eche al cajón del olvido tan importante Ley para nuestra sociedad.

Eso no puede permitirse.

Algunos sectores viven abogando porque se enderecen las cosas, pero cuando sienten que serán salpicados entonces, de repente, se parecen un poco a aquella mujer que solía tirar las piedras y esconder las manos.

Por suerte, el Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, responsablemente le hizo saber a la opinión pública que sectores privilegiados se resisten a la aplicación de la Ley de Regulación Salarial. ¡Qué barbaridad!

¿Y cómo puede un segmento de la población jugar a obstaculizar esa ley?

Qué bueno que después de las declaraciones de Ventura Camejo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, calificó de trascendental la Ley 105-153 de Salarios Públicos.

Lo cierto es que por años ha existido la percepción de que en el sector público un desorden salarial imperante funge como palanca conductora para el fomento de la corrupción. Entonces ¿cómo es posible que una vez dado este paso, tan necesario para una política pública de transparencia y equidad en la administración pública, aparezcan sectores dispuestos a torpedear tan excelente pieza legislativa?

Ha llegado el momento de romper con una conducta indecorosa. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que unos pocos se impongan ante la voluntad de la mayoría.