SANTO DOMINGO.- Bajo la aplicación de la denominada política de “borrón y cuenta nueva”, y por temor a un golpe de Estado, fue poco o prácticamente nada lo que se hizo durante los ocho años de Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tras su llegada al poder en 1978, luego de los 12 años de mandato del doctor Joaquín Balaguer.
En los archivos de El Nacional no figuran expedientes de importancia sometidos a la justicia por los gobiernos que, durante ese período, encabezaron Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco.
En el caso específico de Guzmán Fernández, quien se suicidó el 3 de julio de 1982, se vio compelido a aplicar la política de “borrón y cuenta nueva” para evitar ser derrocado por los militares heredados de los 12 años de gobierno de Balaguer.
Aunque los dominicanos recuerdan su mandato como un período de limpieza, institucionalidad y libertad civil, la lucha contra la corrupción no fue su principal fortaleza. Durante su gestión, militares provenientes de administraciones anteriores exhibían grandes fortunas, con lujosas viviendas en playas y zonas exclusivas de la República Dominicana.
Su ascenso marcó el inicio de la alternancia democrática en el país, poniendo fin a la era de Balaguer. Lamentablemente, se suicidó en el Palacio Nacional, 43 días antes de concluir su mandato.
Su inacción en la lucha contra la corrupción fue atribuida por analistas de la época a un acuerdo político implícito para garantizar la transición democrática y evitar un golpe de Estado por parte de militares aún leales a Balaguer.
Incentivos industriales
No obstante, los archivos registran algunos intentos de Guzmán Fernández por frenar la corrupción administrativa. Aunque no se trató de un expediente formal contra el gobierno de Balaguer, enfocó esfuerzos en revisar exoneraciones y privilegios otorgados a empresarios vinculados al régimen anterior.
También intentó moralizar la administración pública, eliminando las denominadas “botellas” (empleados que cobraban sin trabajar) y auditando instituciones estatales.
Sin embargo, durante su gobierno prácticamente no hubo acciones contundentes contra la corrupción, pese a que el PRD ganó las elecciones bajo la promesa de llevar a los corruptos ante la justicia.
Ya en el poder, Guzmán priorizó la despolitización de las Fuerzas Armadas. No hubo juicios emblemáticos contra altos mandos del balaguerismo, principalmente por temor a una rebelión militar.
Lo más impactante de ese período no fueron expedientes contra Balaguer, sino las acusaciones que surgieron dentro del entorno del propio Guzmán hacia el final de su mandato. En 1982 circularon fuertes rumores y denuncias de corrupción que involucraban a personas cercanas al presidente, incluyendo familiares vinculados al área administrativa.
¿Qué hizo Jacobo?
Tras la muerte de Guzmán Fernández, asumió la Presidencia su vicepresidente, Jacobo Majluta, quien gobernó durante 43 días. En ese breve lapso fue muy poco lo que pudo hacer en materia de corrupción administrativa.
Para enfrentar lo que consideraba especulación y aliviar el malestar social, emitió decretos para rebajar los precios de artículos de primera necesidad, como el arroz, las habichuelas y el aceite. Esta medida, de corte populista, buscaba mitigar la crisis económica que se avecinaba.
Jorge Blanco sacó cero en la lucha contra la corrupción
Concluido el mandato de Antonio Guzmán Fernández, asumió el poder (1982-1986) el doctor Salvador Jorge Blanco, quien, conforme a los archivos de El Nacional, obtuvo un resultado negativo en la persecución de la corrupción administrativa.
Llegó al poder con la promesa de “moralización de la administración pública”, pero terminó siendo el primer expresidente condenado por corrupción. En ese caso, el cazador resultó cazado.
Al inicio de su gestión adoptó medidas simbólicas para proyectar transparencia, como la reducción de su propio salario y la prohibición, mediante decreto, del uso de vehículos oficiales para fines personales los fines de semana.
Creó una comisión de ética para supervisar las compras del Estado, con la intención de formalizar los procesos de licitación.
Pese a su discurso, no sometió a la justicia a funcionarios de los 12 años de Balaguer. Mantuvo la política de no mirar hacia atrás para evitar inestabilidad social, lo que fue criticado por sectores de la sociedad civil como una falta de voluntad real para castigar la corrupción del pasado.
