El presidente y la vicepresidente de la República tienen seguros médicos internacionales que abarcan a sus familiares más cercanos; los ministros y viceministros, diputados, senadores, jueces de las Altas Cortes, los altos mandos policiales y militares; directores y demás funcionarios de alguna importancia, también los tienen. Ante cualquier eventualidad viajan a Estados Unidos o un avión ambulancia los viene a buscar.

Todos los miembros del Comité Político y buena parte del Comité Central del PLD, tienen seguros médicos internacionales que utilizan ante un resfriado, próstata inflamada, diabetes, presión arterial, dolor de cabeza o cualquier otro malestar.

(La ministro de Salud, que organizó huelgas históricas contra el gobierno de Balaguer siendo dirigente del Colegio Médico, hoy se opone a ellas y le niega a los médicos sus justas reivindicaciones, negándose tristemente a sí misma).

Es rutina de esos señores y señoras, ciudadanos de primer nivel, viajar para hacerse exámenes generales en centros de salud de Estados Unidos, España o cualquier otra nación desarrollada. No solo los políticos lo hacen, también los empresarios porque saben que el sistema de salud que han creado para los dominicanos de segunda, tercera y quinta categoría, que es la mayoría, no sirve.
Es el pueblo, con su pobreza, su miseria y su ignorancia, quien cubre los servicios médicos internacionales de los funcionarios públicos.
A los gobiernos del PLD no les importa la salud de los pobres; no les preocupa en lo más mínimo. La inversión en el sector no alcanza ni siquiera el dos por ciento del Producto Interno Bruto, mientras Costa Rica y Cuba, por ejemplo, superan el 10%. ¡Viva Fidel Castro!.

(Singapur, pequeño país asiático, tiene el tercer mejor sistema de salud del mundo con menos de cinco millones de habitantes y el cuarto mejor sistema de educación, lo cual explica su increíble desarrollo y crecimiento).

El gobierno de Danilo Medina y el PLD se oponen rabiosamente al 5% del PIB recomendado por organismos internacionales. De igual manera le niega un salario justo a los profesionales de la salud. Un médico gana 30, 35 o 40 mil pesos mensuales, pero una “chapeadora” recibe más de cien mil pesos; un tránsfuga cien y 200 mil; los funcionarios de los bancos del Estado, incluyendo el Central, tienen sueldos que superan el millón sin incluir determinados privilegios.

El gobierno gasta alrededor de 30 mil millones de pesos en “nominillas”. Un senador recibía y volverá a recibir millones de pesos todos los meses por el “barrilito” sin incluir exoneraciones de vehículos de lujo, seguridad, alimentos, bebidas, etc.

En el Estado hay más de 600 mil empleados, 300 mil, sobran. El gasto del gobierno es excesivo, pero no acepta racionalizarlo ni restringirlo para hacerlo más eficiente y poder cumplir con los profesionales de la salud y el magisterio.