El Senado de Estados Unidos negó al presidente Barack Obama los 80 millones de dólares que solicitó para dar cumplimiento a la orden ejecutiva que firmó el 22 de enero, en la cual se dispone cerrar, antes del final del presente año, la cárcel de Guantánamo. ¡90 de 96 senadores afirman que Estados Unidos sería menos seguro si es cerrado ese abominable reclusorio!
En la Cámara de Representantes, la votación, son similar resultado, se realizó primero.
El demócrata Harry Reid dice que muchos legisladores demócratas están de acuerdo con el cierre de la prisión, pero desean saber primero dónde serán colocados los 240 prisioneros.
No hay, sin embargo, argumentación que alcance para ocultar que la ultraderecha sigue actuando como sector. Utiliza el sello del Partido Republicano y también el del Partido Demócrata, pero siempre con el objetivo de imponer su marca.
El alegato en esta ocasión es la preservación de la seguridad nacional.
La propuesta del presidente Obama está marcada por el conservadurismo y valida la política imperialista, pues no contiene, ni como proyecto para el largo plazo, la devolución del territorio de Guantánamo a su legítimo dueño, que es el Estado Cubano.
Los legisladores de Estados Unidos consideran que, en nombre de la seguridad nacional de su país, no sólo debe mantenerse abierta allí la base militar instalada hace más de un siglo, sino también el centro de reclusión instalado por la Administración Bush para sospechosos de terrorismo.
El presidente Obama insiste en que debe ser cerrada la prisión, y argumenta que mejoraría con ello la imagen internacional de Estados Unidos; pero, en nombre de la seguridad nacional, de la unidad de la gran nación norteamericana y de la estabilidad política, ha hecho concesiones que revelan que él no es un agente de cambio.
Una de ellas es negarse a considerar siquiera la posibilidad de juzgar a los responsables de la aplicación de la tortura en los interrogatorios que realizaba la Agencia Central de Inteligencia, CIA.
Condoleezza Rice, ex consejera de Seguridad Nacional y ex secretaria de Estado; Dick Cheney, ex vicepresidente, y figuras similares, autorizaron la aplicación de la tortura. En abril pasado, Obama anunció que los ejecutores de las torturas, ni quienes las autorizaron, serían enjuiciados o castigados… No hay que hacer mucho esfuerzo para saber por qué son protegidos con la impunidad.
Es en esa decisión que se fundamenta la posterior medida de Obama de bloquear de nuevo fotos que habían sido desclasificadas y que muestran a militares estadounidenses sonriendo junto a prisioneros desnudos o amarrados.
La reposición de los tribunales militares es otro ingrediente puesto en manos del presidente por la ultraderecha. ¿Qué puede decir de esto el jefe de Gabinete, el agente israelí Rahm Enmanuel?
En cuanto a la política de guerra, el poder estadounidense ha aceptado la decisión del presidente Obama de destinar más fondos a la guerra en Afganistán y menos a la de Irak.
En Afganistán la presencia militar estadounidense llegará a 68 mil efectivos en el año fiscal 2010 (que inicia en octubre).
Algunos analistas han llegado a decir que Afganistán podría ser el Vietnam de Obama; pero lo que interesa destacar es que se convierte en escenario de guerra de larga duración.
En ese orden, el pacto de impunidad cubre a personajes como Rice y Cheney. ¿Acaso el presidente se ha planteado juzgar a ese sector de la Administración Bush por haber convertido en jugoso negocio la guerra en Irak y los bombardeos en Afganistán? ¿Atenta contra la seguridad, la estabilidad, el acuerdo nacional y demás zarandajas la investigación de los negocios de guerra de las familias Bush y Cheney, de la señora Condoleezza Rice y del deslenguado Donald Rumsfeld?
Obama, como sus antecesores, llama a los estadounidenses a respaldar a sus tropas en el exterior… Aunque no puede decirle al mundo con qué derecho hace la guerra… Por cierto, ¿con qué derecho?

