El presidente Danilo Medina exhortó ayer a los funcionarios del Gobierno a reforzar la lucha contra el lavado de activos, cuya prevención y persecución está amparada en una nueva ley que bien cumplida y aplicada se convertiría en el principal retén contra la corrupción pública y privada.

La ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sustituye a la 72-00, que centraba su atención en capitales provenientes del tráfico de drogas. El nuevo estatuto regula y vigila todas las actividades económicas y financieras, con excepción de las cooperativas.

La efectividad de ese estatuto es evaluado por el Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), así como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).

República Dominicana está compelida a obtener buenos resultados en su evaluación sobre avance en el control y persecución del lavado de activos provenientes del narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, prácticas desleales de comercio, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.

Al instar a sus colaboradores a empeñarse en alcanzar una evaluación satisfactoria y a redoblar esfuerzo para continuar con los avances en materia de aplicación de ese estatuto, el presidente Medina expresa oportuna voluntad política respecto al combate al lavado de dinero, un tema que se relaciona con la sanidad de la democracia, gobernanza y economía.

Esa ley endurece las penas de prisión, multa y decomiso contra personas físicas o jurídicas que vulneren su contenido, desde la condena de seis meses a un año de prisión a quienes intenten ingresar o sacar del país una suma superior a los 10 mil dólares sin declarar.

Para las infracciones cometidas por entidades financieras, el nuevo estatuto establece multas desde uno hasta diez millones de pesos y para el sector no financiero, entre 300 mil a cinco millones de pesos, además de la prisión y decomiso que correspondan a ilícitos penales.

La bondad fundamental de la nueva Ley de Lavado de Activos, radica en la estricta supervisión y control de todos los movimientos financieros en que incurran personas físicas y jurídicas.

El Presidente ha hecho bien en arengar a sus funcionarios sobre la necesidad de cumplir estrictamente con esa ley y de trabajar para que el país obtenga elevadas calificaciones en la lucha contra el movimiento de capitales ilícitos. Esa es la mejor medicina contra el crimen organizado y la corrupción pública y privada.