Ha causado espanto, asombro e indignación, por tratarse de un asunto de soberanía nacional, la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que la República Dominicana restituya rápidamente la nacionalidad de las personas afectadas por el reciente fallo judicial del Tribunal Constitucional.

También ha provocado irritación, molestias, enfado y disgusto, la actitud de injerencia en los asuntos internos del país de una comitiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo dependiente de la OEA, que le ha faltado el respeto a funcionarios públicos, fijándole citas casi de manera coercitiva.

Hay que elogiar la firmeza del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, que rehusó recibir a los integrantes de la misión, por entender que el fallo de la Alta Corte se basta por sí mismo. Igualmente, es digno de admiración y motivo de exaltación, la negativa del presidente del Senado, doctor Reinado Pared Pérez, que señaló que ese hemiciclo tiene su propia agenda.

La no intervención es un principio fundamental del Derecho Internacional. Las posiciones asumidas por la ONU y por la CIDH, transgreden el ámbito de sus facultades. En una ocasión, el líder cubano Fidel Castro, definió a la OEA como un ministerio de colonia al servicio de los Estados Unidos.

Hay cinco países que tienen derecho a vetar las resoluciones de las Naciones Unidas, y el más beligerante es Norteamérica, que siempre rechazan las decisiones que les son adversas y ejecutan las decisiones adoptadas por sus respectivos gobiernos, principalmente aquellas que ordenan las invasiones a países independientes.

La ONU ni la OEA no han emitido ninguna opinión sobre la situación de once millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, y que el presidente de ese país, Barack Obama, intentan lograr la regularización de su estatus, otorgándole permisos que sirvan de puente para los trámites legales. Ningún país que goce de soberanía regala la nacionalidad, toda vez que hay leyes adjetivas que reglamentan la adquisición de una tarjeta de residencia para vivir en una nación, y luego de un período determinado, puedan optar por la ciudadanía, conforme a la legislación de cada Estado.
Hugo A. Ysalguez
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