El gobierno del PLD desde hace varios años viene ensayando formas de criminalizar las protestas o mejor dicho, presentar las protestas como un crimen. En la actualidad está llevando a cabo una nueva modalidad que consiste en judicializar a los que luchan y a los jóvenes en sentido general.

Judicializar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa tratar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política; de igual forma, la judicialización de la juventud es crear expedientes falsos a los jóvenes para llevarlos a las cárceles.

Un hecho conocido lo vimos en mayo del 2017, cuando colocaron drogas a un dirigente popular en Moca. El capítulo más reciente se dio en enero del 2019 cuando el Poder Judicial intentó judicializar la protesta del lanzamiento de excrementos, por parte de miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) a la Suprema Corte de Justicia.

La criminalización es una acción de medios (que se traduce en actos de represión, persecución, desaparición, acoso, etcétera) mientras que la judicialización es una acción de resultados (encarcelamiento, procesamiento y condena).

La criminalización y judicialización de las protestas tiene varios objetivos básicos: difamar, deslegitimar, intimidar, estigmatizar, encarcelar, desmoralizar y debilitar a las organizaciones sociales y a sus dirigentes.

Si bien es cierto que las protestas son legales, están establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra carta magna, las autoridades violan constantemente ese derecho. Además de impedir por las fuerzas policiales y militares, por la autocensura, por la compra de consciencias, también se usa la estigmatización de quienes protestan, presentándolos como vándalos, delincuentes o personas que solo buscan beneficiospersonales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la protesta como un derecho cuando en su artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución en el artículo 48 que establece la libertad de reunión: ¨Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley¨.