El dinero público del “barrilito”, otorgado a los legisladores para financiar programas sociales, atrae también a la camada de senadores y diputados que se estrenan a partir de agosto en el Congreso Nacional, tanto como lo disfrutan la mayoría de los congresistas reelectos, sin importar si son mansos o cimarrones.

En ninguno de los 122 artículos de la Constitución figura la obligación del Estado de proveer a los congresistas de millones de pesos para ser usados, dilapidados o invertidos a discreción o mejor conveniencia, pero aquí los 190 diputados y 32 senadores reciben una botija que nunca se extingue.

Sólo los senadores Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras (Santo Domingo) han declinado usufructuar el denominado “barrilito”, en tanto que Faride Raful, destina esos recursos a una Oficina Técnica Legislativa. Algunos diputados han contenido la tentación de recibirlos.

Al doctor Reynaldo Pared Pérez (qepd), quien ostentó la presidencia del Senado, en 2006 gestionó la creación de 32 cuentas corrientes, una para cada senador, que recibirían fondos mensuales, auditados por contadores públicos, con lo cual pretendía poner fin a ingresos “secretos” que obtenían legisladores a través de fundaciones.

Esos recursos en menor cuantía figuraban en un “Fondo de Asistencia Social”, al que podían acceder los legisladores, pero el propósito de instituir el “barrilito” no surtió los efectos deseados, porque desde 2006 hasta 2020, los senadores recibieron tres mil 370 millones 416 mil pesos y los diputados mil 501 millones.

Los senadores del PRM Daniel Rivera (Santiago), Moisés Ayala (Barahona), Dagoberto Rodríguez (Independencia) y Pedro Tineo (Monte Plata), adelantaron que recibirán esos fondos porque deben afrontar necesidades en sus provincias. Omar Fernández (FP-DN), dijo que aunque no está de acuerdo con el “barrilito”, asegura que le daría buen uso.

En la Carta Magna tampoco figuran como atribuciones del legislador la distribución con dinero público para mosquiteros, cuadernos, colchones, madera, mochilas ni financiamiento de habichuelas con dulce, porque esas y otras muchas diligencias sociales corresponden al Poder Ejecutivo.

En los albores de una áspera reforma tributaria, que requiere como contrapartida reducir el gasto público, el nuevo Congreso de la República ofrece notaciones de que la fiesta del dispendio continuará en el próximo cuatrienio y que desde ahora comienzan los bailables. “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.