La mayoría de las compañías aseguradoras rehúsan garantizar fianzas impuestas por los tribunales a imputados de diversos delitos, lo que diariamente retrasa la libertad de decenas de personas.

Abogados consultados sobre el tema se quejan de que sólo una de las 15 compañías que habitualmente ofrecen el servicio está operando, pero que dispuso nuevos requerimientos a los imputados.

En torno al caso, la Superintendencia de Seguros aclaró que la mayoría de esas empresas están facultadas para operar en los diferentes ramos, pero no las puede obligar a vender o dejar de vender en un área específica.

Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados (CARD), Miguel Surún Hernández, denunció que en el área judicial existe un “monopolio” con una única compañía aseguradora que opera, la que dijo abusa de los imputados exigiendo garantías adicionales que se tornan incumplibles.

El representante de los abogados declaró que esa es una práctica abusiva, ilegítima e inconstitucional, que vulnera un derecho fundamental, como es la libertad.
Pide intervención

Surún Hernández urgió la intervención de la Procuraduría General de la República y de la Superintendencia de Seguros para resolver ese problema que atenta contra el estado natural del individuo, la libertad.

“El Colegio de Abogados de la República Dominicana rechaza la situación actual en materia de fianza, donde solo una compañía de manera inconstitucional, ilegítima sea la que esté otorgando la garantía de fianzas”, precisó.

También la empresa ha incrementado de forma exorbitante el pago de la prima por concepto de fianza, afirmó.

“Pero no solo eso, sino que en franca violación a la Ley de Seguros, está exigiendo garantías adicionales para suscribir los contratos de fianzas como es el caso de garantías hipotecarias, es decir que aquellos que no otorguen una casa como garantía y soporte de la fianza, no van a obtener la emisión de la póliza correspondiente”, explicó.

Ante tal situación “exigimos la intervención inmediata tanto de la Procuraduría como de la Superintendencia de Seguros, porque vulnera los derechos fundamentales de los imputados beneficiados con la libertad y que no pueden acceder a dicho beneficio porque les pone todo tipo de impedimentos la única compañía aseguradora”, expresó.

Superintendencia
La Superintendencia de Seguros informó que la mayoría de las compañías de Seguros están autorizadas para vender en todos los ramos de seguros y que la Ley 146-02 la faculta para autorizar por resolución una compañía de este tipo a operar en la venta de todos los ramos de seguros. La misma ley no faculta a esa superintendencia para obligar a cada compañía a vender o dejar de vender un ramo específico.

“Es libertad administrativa o ejecutiva de cada compañía, según su conveniencia o estrategia de negocios, la venta de un ramo o no, lo cual es determinado por la oferta y la demanda y bajo un contrato entre dos, entre la cual la Superintendencia de Seguros solo es ente componedor en caso de violación entre las partes”, precisa la entidad fiscalizadora del negocio de los seguros.

La función de esta superintendencia es sólo de supervisión y regulación, específicamente, para que esas compañías cumplan con lo que exige la ley en cuanto al monto de retención, márgenes de solvencia y liquidez, que le permita a cada una responder ante cualquier siniestro, señala la institución.

En el caso del ramo de fianzas, no todas las compañías se interesan en expandir la venta de este ramo, y aunque hay más de una aseguradora de este tipo en los tribunales, abogados se quejan de que solo una acepta el servicio.

UN APUNTE:

Cámara de Aseguradoras

El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, Miguel Villamán, explicó que desconocía la falta de aseguradoras que existe en los tribunales para garantizar las fianzas. Villamán rehusó ofrecer detalles sobre las causas del retiro de muchas de esas empresas del ramo de las fianzas judiciales, ya que algunas de las aseguradores no pertenecen a la entidad. No obstante explicó que es la Superintendencia de Seguros la entidad que debe dar una explicación del caso. Señaló que algunas compañías que garantizaban fianzas están cerradas. Ante la situación muchos abogados solicitan a los jueces, que de imponer fianzas a sus clientes la ordenen en efectivo , en aras de agilizar la libertad de sus clientes.

Venta de prima
Las ventas de primas netas cobradas en el ramo de fianzas, en el primer semestre del año 2017, de enero a junio, fue de 420 millones 92,280 pesos, según el superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix.

En tanto que Surún Hernández dijo que la entidad ha recibido decenas de denuncias por la cantidad de requisitos que exige Dominicana de Seguros, única compañía que participa en el área judicial para garantizar fianzas.

Los abogados Frank Reynaldo Fermín, Tomás Castro y Emmanuel Pimentel se quejaron de las trabas que impone Dominicana de Seguros a los imputados que les imponen garantía económica.

Esas compañías de seguros han ido desapareciendo, incluyendo la compañía del Estado, que era la San Rafael.

Fermín, Castro y Pimentel explicaron que ahora se paga una garantía mediante un contrato de fianza, y que lo que le garantiza la libertad al imputado es la entrega de un título de propiedad que supere el valor de la fianza, “entonces, ¿para que una fianza?, es mejor que le imponga una garantía real y la gente venga y traiga un título de propiedad y le inscriba un hipoteca judicial”, añadieron.

Castro señaló que el que no tiene un bien inmueble o alguien que se lo preste, aunque tenga el dinero de pagar de la fianza, no va a salir de la cárcel.

Para Fermín ese es un problema que existe desde hace muchos años, y quien trató de ponerle freno a eso fue el exfiscal y exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito, pero hoy solo hay una compañía y cree que podría desaparecer, porque las condiciones que está poniendo son de difícil cumplimiento, fruto de las exigencias que a su vez le hace la Superintendencia de Seguros.

Entre las imposibilidades para cumplir con los requisitos de la empresa de seguros, dijo que dependiendo del monto exige hasta tres garantes y garantía inmobiliaria que tenga un valor igual o mayor al precio de la fianza.

Pimental deploró que la mayoría de los imputados no pueden responder ante las exigencias de las aseguradoras, lo cual crea un gran daño porque se les extiende la prisión.

Los abogados pidieron que se pongan fianzas en efectivo para beneficiar al Estado y al Banco Agrícolas por montos que la gente pueda pagar.