Como no sean los sobresaltos propios de las votaciones, no existían mayores temores de que el proceso del 16 de febrero podría desembocar en una crisis que desnudaría en cuerpo y alma el sistema político y social. Bastó con que la Junta Central Electoral (JCE) decidiera suspender el sufragio para que se dispararan las alarmas, que de no ser por el acuerdo nacional propuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en modo alguno podría aquilatarse que las perspectivas eran tan impredecibles. Por supuesto que no fue poca cosa lo que pasó, pero no para que el problema no se pidera enfrentar por la vía institucional.

Y es precisamente en la ausencia del canal institucional que se evidencia la primera crisis. Las leyes, aunque existen, no responden para solucionar un conflicto. El Conep, al tiempo de demandar una investigación, con consecuencias para los eventuales responsables en la falla del sistema, también se decantó por un pacto “que recoja los compromisos necesarios para garantizar el respeto al marco de la legalidad en República Dominicana”.

El temor no puede ser más obvio. Tras reiterar el compromiso del sector empresarial con la libertad, la democracia y los derechos fundamentales, el Conep apela al sentimentalismo al señalar que “todos juntos, como la gran familia de dominicanos que somos” tenemos que abogar por un proceso electoral ordenado, transparente y en paz.

La otra cara de la crisis desempolvada por la falla es la desconfianza en las autoridades. Todavía la interrupción en los equipos fuera propiamente técnica, no hay manera de que sea aceptada por el segmento que protesta en la Plaza de la Bandera. Es la razón por la cual insiste en demandar la renuncia de los miembros de la JCE.

Gracias a la decisión del propio Gobierno de suspender la persecución que habían iniciado la Procuraduría General de la República con el objetivo en la oposición se pudieron atenuar las pasiones que ya caldeaban la atmósfera.

Así las cosas, es obvio que se está en presencia de dos elementos que evidencian la fragilidad del actual sistema: el institucional y la desconfianza en las autoridades. No debería existir necesidad para ningún acuerdo de contarse con plenas garantías de que se respetarán los resultados y de que en el proceso para estas municipales, las congresuales y presidenciales no se utilizarán malas artes.

Tampoco se tiene seguridad alguna de que la JCE ejercerá su autoridad o cumplirá su papel para preservar la integridad del proceso.

El clamor de un acuerdo político y social indica con toda claridad que por ahora es insuficiente solo demandar, como correspondería, que se garantice la celebración de unas elecciones libres, transparentes y justas.