POR NESTOR ARROYO
Ser juez es un ministerio que debe estar acompañado, junto al conocimiento de la norma, de una entereza de espíritu, humildad y rectitud de carácter, que le permitan acostarse cada noche con la convicción de haber hecho lo correcto en estrados: impartir justicia.

Sin embargo, estas funciones están plagadas de muchos sobresaltos y presiones tanto sociales como institucionales que dificultan la labor del juez.

En el ordenamiento jurídico nacional, no hay dudas de que los jueces penales son los que reciben más presiones, pues en la materia entran valores de sustancial importancia para el ser humano como la libertad y la honra.

Así mismo, las denominadas fuerzas vivas de la sociedad, haciéndose las desentendidas normalmente y para desviar la atención en relación a los verdaderos culpables del enorme auge de la criminalidad, le tienen una especie de cerco tendido a estos, con la afirmación de que el estado de cosas es producto tanto de unas leyes benignas para los delincuentes como de unos jueces flojos en sus funciones. Que no condenan, sino que absuelven en detrimento de la sociedad.

Esta campaña, sin asidero científico, pone en jaque a los jueces penales quienes, imagino, sienten una enorme presión al leer en los periódicos nacionales o cuando escuchan u observan en los programas de radio y televisión, como los hacedores de noticias plantean como solución a la violencia social que hay que tener mano dura contra el crimen, que debemos modificar el Código Procesal Penal o que hay que remenear el aparato judicial.

Dando ha entender que el juez es parte de la llamada, y a veces inexistente, política criminal del estado, y que su función es arreglarle la investigación al ministerio público y condenar, poniéndole un sello gomígrafo a la acusación de este funcionario, aun sin pruebas suficientes.

A estos jueces, colocados entre la espada y la pared, le dejan pocas opciones: garantizar los derechos de las partes en el proceso impartiendo justicia (a cargo o descargo), o retorcer la norma y emitir un fallo no conforme a derecho, pero ajustado a lo que la sociedad demanda, convirtiéndose en tribunales inquisidores, sumarios, y olvidando su función garantista e imparcial en el proceso.

Sobre esto, Alberto Binder, destacado jurista argentino, expresó en entrevista realizada en el periódico Diario Libre, el lunes 27 de noviembre de 2006, pág. 24, que: El juez no es un representante de los intereses populares. El juez aplica la ley y exige la verdad de los hechos, y si eso le molesta a la mayoría, bueno, el estado de derecho también le pone límites a la mayoría. Para luego afirmar que todos los ciudadanos viviremos más tranquilos y más protegidos () del abuso de poder del Estado () si tenemos jueces que en última instancia no se van a guiar ni por interés mayoritario, ni por interés poderoso, ni por interés del gobernante ()

Pero estos jueces también reciben fuertes presiones desde el seno de la misma institución a que pertenecen, al través de las estadísticas que mensualmente deben presentar sobre su desempeño.

Las estadísticas por sí mismas no son malas, pues de alguna forma se les debe evaluar en el desempeño de sus funciones, sin embargo cuando estas presiones internas se suman con las externas referidas, hacen que muchos jueces penales entiendan que para estar bien en la institución y en la sociedad deben impartir justicia motivados en las estadísticas mensuales que deben dar a sus superiores, siendo el resultado lógico de las mismas los autos de apertura a juicio o las sentencias condenatorias que la sociedad espera. Es decir, mientras más casos saquen de esta forma, mejor.

Esta situación es compleja, pues es lógico especular que todo aquel que es Juez de grado inferior quiere ascender hasta un colegiado e incluso, a la corte correspondiente (donde acaba la carrera). Y, el estado de las cosas a que hacemos referencia, le obliga a pensar que mientras más casos concluyan (sin importar derechos y garantías y congraciados con los sectores de la sociedad que le presionan), más oportunidades tendrán de ascender, por su efectividad y prontitud en el manejo de los procesos.

Sin dudas este pragmatismo errado al que están llevando los sectores de poder e influencia a los jueces debe ser enfrentado con una clara y continua política de comunicación que debe nacer del mismo Poder Judicial, luego de auto revisarse, para que la sociedad entienda la función del juez penal y los derechos y garantías de las partes en el proceso, y así extirpar de los tribunales del país, aun sea poco a poco esta presión, a los fines de que los jueces puedan realizar una verdadera sana administración de justicia.