El ministro de Defensa, Máximo Muñoz Delgado, parece que quiere lavarse las manos con los casos de los militares separados de los cuerpos armados por la comisión de delitos que no fueron sometidos a la justicia, al señalar que las reglas solo establecen sanción disciplinaria y retiro.
Puede ser muy cierto, pero si se apodera a los organismos correspondientes de los expedientes contra los sancionados, entonces se puede abrir una investigación. Si el Ministerio Público desconoce la comisión de los llamados actos reñidos con la ley en que incurren militares sancionados y separados de los institutos castrenses la tarea se le torna por lo menos más complicada.
No puede ser que de los más de 60 miembros, que según Muñoz Delgado han sido apartados de las filas militares por narcotráfico, robo de mercancías, trata de personas y tráfico de armas, entre otros delitos, ninguno haya sido juzgado por los tribunales, porque la misión de las Fuerzas Armadas sea solo sancionarlos.

