Las protestas en Chile que iniciaron con manifestaciones de estudiantes de secundaria por el aumento de las tarifas del metro serán un caso de estudio interesante en los meses por venir por diversas razones. Y aunque los factores económicos, el rol de las redes sociales, la participación o no de actores externos, entre muchos otros elementos que se dicen haber incidido en estas protestas, quizás el más importante (y el menos considerado) es la falla en los mecanismos de resolución de conflictos públicos.

Como es típico en el manejo de conflictos públicos tradicional, las primeras protestas estudiantiles fueron ignoradas. Luego cuando estas escalaron, se involucró a la seguridad del metro, luego a la policía antimotines y finalmente a los militares. Hoy las protestas continúan, y el Gobierno de Sebastián Piñera no parece dar con la solución para ponerle fin a estas, y dada a la naturaleza espontánea, sin foco, sin líderes y sin algún particular objetivo de estas, dudo que el gobierno chileno encuentre una respuesta mientras el reloj sigue corriendo para la Cumbre APEC de Noviembre.

Las protestas en Chile son una lección. Las democracias deben buscar formas más efectivas de responder a las manifestaciones de sus ciudadanos, sean estas por causas legítimas o ilegítimas. El Estado debe ser lo suficientemente susceptible y responsivo al surgimiento de movilizaciones por descontentos de sus ciudadanos, no solo para detectarlas a tiempo, sino para escuchar y atenderlas de forma justa y apropiada a su dimensión.

La información ya no se transmite ni se capta en la misma forma que hace 20 años, y el Estado debe adaptarse a esta realidad aprovechando las oportunidades que esto le brinda, incluyendo para atender al malestar de sus ciudadanos de forma más oportuna e incisiva, abriendo un canal de comunicación activo con estos y mostrando una abierta disposición a escuchar y brindar soluciones.

Estoy seguro que en el caso en particular de Chile, su gobierno tenía razones válidas para el aumento de las tarifas del Metro, y las razones para los estudiantes protestar ese aumento son bastante legítimas. Pero estoy mucho más seguro que en ningún momento esas posiciones fueron contrastadas de forma abierta, honesta y constructiva lo que dejó el espacio abierto al caos que tenemos hoy.

Al final, ese quiebre de comunicaciones le ha resultado muy costoso a todos los chilenos, y lo que pudo haber sido un ajuste que satisficiera las demandas básicas de los estudiantes al costo de una fracción del aumento esperado, hoy se ha convertido en una calamidad que le ha costado la vida a docenas y sumas multimillonarias al Estado y a negocios ordinarios.

La lección en Chile debe ser que debemos crearnos alternativas como sociedades, antes de recurrir a la intimidación, los palos, los cócteles molotov y las armas para “calmar” protestas.