De la crisis hondureña se pueden sacar muchas lecciones. Primero, que la fragilidad institucional es un auspicioso caldo de cultivo de esa especie tan nefasta para el sistema democrático como los caudillos de nuevo cuño, y, segundo, que las asonadas militares todavía están latentes. De no ser por la siniestra megalomanía de presidentes que se consideran por encima de la Constitución y las leyes, esos mesías situados más allá del bien y del mal, el golpe contra Mel Zelaya no se hubiera ejecutado.
No es tampoco, pese a las provocaciones, que se justifica. Todo lo contrario: se trata de una acción censurable, que la opinión internacional ha repudiado con el vigor que merece. Pero si las instituciones cumplieran su rol se hubiera evitado la torpeza en que incurrieron los sectores que ordenaron capturar y exiliar al Presidente, en lugar de abrirle un juicio por las supuestas violaciones que se le atribuían. Ahí fue que lo dañaron, evidenciándose tan sedientos de poder como el propio gobernante depuesto.
Y ahora, pese a la bravuconada, los golpistas tendrán que pagar su error con la reposición en el poder más temprano que tarde del derrocado gobernante. Si se trató de un ensayo el fracaso no puede ser más elocuente. La conclusión puede ser que no obstante los saludables avances, a América Latina, salvo contadas excepciones, todavía le falta mucho para contar con modelos que eviten a los gobernantes convertirse en emperadores al colocar el Estado, a través de la corrupción y otras prácticas funestas, al servicio de sus ambiciones personales. Las elecciones, que no siempre son ejercicios libres que representan la voluntad popular, no pueden ser el termómetro para evaluar la fortaleza de un sistema político. Lo de Honduras, que describe el panorama político de la región, es una tarea para la comunidad internacional. Falta mucho todavía.

