El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), doctor Leonel Fernández, está librando una lucha muy difícil. Todo lo que se haga o se deje de hacer con la designación de los jueces de las altas cortes está bajo la lupa de la comunidad jurídica dominicana e internacional. Son muchas las esperanzas sociales que cuelgan del fino hilo de ese proceso.

La inmensa mayoría espera que con el funcionamiento del Tribunal Constitucional, de la nueva Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral se fortalezca la institucionalidad, el respeto a los derechos fundamentales y la construcción del necesario Estado Social y Democrático de Derecho.

Son aspiraciones muy legítimas. Están contenidas en la actual Constitución. Y deben ser materializadas. Todos los poderes públicos y demás órganos del Estado tienen que jugar su papel en la tarea de impulsar el progreso real, con el desarrollo y la modernidad del país; con la civilización, en base a criterios éticos, morales y jurídicos, de la sociedad. Lo contrario sería negar descaradamente el Pacto Fundamental que se dio la Nación el 26 de enero de 2010.

Sabemos que la presente coyuntura es de oro. La Ley Sustantiva expresa con aciertos las aspiraciones de los factores reales de poder efectivo de la sociedad. Por tanto, no hay razones para que se convierta en un pedazo de papel, como lo declarara el célebre jurista alemán Ferdinand Lassalle. O como lo repitió entre nosotros el doctor Joaquín Balaguer, durante una de sus presidencias.

Cada juez de las altas cortes tendrá la altísima responsabilidad y el honor de impulsar la cultura democrática que brinde seguridad jurídica y paz social. Para ponerse a la altura que reclaman las circunstancias, deberá ser un conocedor profundo del Derecho Constitucional, que haya interiorizado los valores, principios y normas sustantivos. Y que tenga formación humanística integral, con conciencia social, política, nacional, de clase y de sujeto. Sólo así obtendremos de él lo que la sociedad espera: honestidad, capacidad, responsabilidad, vocación de servicio, entrega al trabajo y, sobre todo, compromiso con los mejores intereses de la Nación y con esta Constitución.

Para el Presidente Fernández la batalla es terrible. Él sabe que en política, como en la vida, todo genera su contrario. Los que no desean que la magnífica Carta Magna que tenemos cumpla su misión, están maniobrando. Les gustaría descalificar sin razón a quienes tienen méritos probados y luchan a favor de la Constitución, para que la dignidad y los demás derechos fundamentales sean respetados. Los enemigos abiertos y solapados de esta Constitución buscan conservar hegemonías y privilegios con la colocación de favoritos. No les importan para nada ni los méritos ni las capacidades. Son simulares. Confiamos en que el CNM designará a los mejores juristas de los que aspiramos a jueces de las altas cortes.