La ley especial que otorga privilegios a las empresas localizadas en zonas fronterizas sigue generando conflictos, ya que el Consejo de Desarrollo Fronterizo que la administra sigue otorgando permisos para la instalación de empresas bajo ese régimen, pese a la opinión en contra del Comité Técnico de Evaluación, conformado por varias instituciones de gobierno, entre ellas la DGII, la DGA y el Ministerio de Industria y Comercio.

El referido Consejo aprobó el pasado 26 de julio la instalación de varias empresas bajo el amparo de la Ley 28-01, instrumento jurídico que ha originado un profundo descontento en gran parte del sector productivo nacional, especialmente del sector productivo de bienes.

Este miércoles la Asociación de Industrias (AIRD), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación de Industrias de Muebles y Colchones (ASONAIMCO), la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas (ASIBEGAS), la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE), la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), y la Asociación Dominicana de Industrias de Plástico (ADIPLAST), se quejaron de la aprobación de nuevas empresas y estimaron que el referido consejo se ha declarado en rebeldía frente a la opinión de entidades gubernamentales con mayor jerarquía.

Las citadas entidades, en su declaración indicaron que la reciente aprobación por parte del Consejo de Desarrollo Fronterizo, de empresas fabricantes de ron, colchones, envases plásticos, sacos de polipropilenos, ventanas, bebidas gaseosas y pacas, no sólo constituye una rebeldía frente a las recomendaciones de no aprobación de esas empresas por parte de instituciones gubernamentales, sino además un atentado contra miles de industrias generadoras de más de 10 mil empleos formales en el país y que contribuyen con millones de pesos en impuestos.

El Consejo de Desarrollo Fronterizo, compuesto en su mayoría por senadores y diputados de las provincias de la frontera, debió haber tomado en cuenta las consideraciones y opiniones de instituciones recaudadoras de gobierno, como la Direccion General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, que recomendaron en el Comité Técnico de Evaluación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, la no aprobación de esas industrias debido a que provocarían una disminución en las recaudaciones de impuestos y una gran distorsión en el mercado, indicaron.

Señalaron además que varias de las empresas aprobadas no cumplen, ya que se encuentran operando en otras zonas geográficas del país por lo que no generarán nuevos empleos y sí provocarán una disminución de los ingresos fiscales del gobierno.