Con respecto a la no aprobación de la Ley de Partidos Políticos, se buscan culpables donde no los hay. Esa legislación, que ha reclamado hasta la Conferencia del Episcopado Dominicano y en torno a la cual han mediado organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no se ha aprobado por la renuencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ni monseñor Agripino Núñez Collado, quien anunció su decisión de mediar, consiguió que el oficialismo cediera siquiera un ápice en su radical oposición al proyecto.
Hasta el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, responsabilizó al partido en el poder del infortunio con la Ley de Partidos Políticos. Y todo por una razón muy simple: no quiere que se regulen los procesos. Las reservas o diferencias que puedan tener los partidos de oposición son un pretexto baladí, porque la realidad es que si el PLD quisiera hace tiempo que se hubiera sancionado, pues cuenta con el control de las dos cámaras legislativas.

