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He seguido, con interés, algunas opiniones vertidas en medios de comunicación y redes sociales sobre el proyecto de modificación de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, aprobado en el Senado de la República.

Una síntesis de dichos criterios sería decir que sus sustentadores consideran que el proyecto es insuficiente y que se trataría de una oportunidad perdida que debió aprovecharse de mejor manera para producir la pieza legislativa que necesita la jurisdicción electoral. Señalan aspectos que consideran debieron incluirse.

Estoy solo parcialmente de acuerdo con esas opiniones. Es cierto que no estaríamos en presencia de la ley que la mayoría de los relacionados con el mundo electoral soñamos. En mi caso, por ejemplo, postulo por una Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral y de los Procedimientos Electorales.

La asimetría entre las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del TSE fue resultado de que la discusión académica suscitada a raíz de la reforma constitucional del 2010 en lo que a la creación del TC respecta, hizo que el debate girara en torno a su configuración legislativa. Eso repercutió en que la ley del TSE parece no haber recibido la atención debida, provocando una desproporción entre lo que regula dicha ley y lo que hubo necesidad de consignar en el reglamento de procedimientos.

Eso, constituye una anormalidad que precisa ser subsanada. No puede ser que el reglamento abarque tantas o más cosas que la ley.

Mi disenso con las críticas al proyecto consiste en que no estigmatizo lo que hasta ahora ha ocurrido como oportunidad perdida. Decir eso es una forma-comprensible, ciertamente, porque no se tiene que estar al tanto de las interioridades que se produjeron, pero no por ello válida-, de no incorporar en la calificación que se hace, detalles que prevalecieron en el tránsito que fue necesario agotar para arribar hasta lo que ha salido a la luz pública.

El Senado, su comisión de justicia y los legisladores proponentes, fueron generosos con el TSE y le ofrecieron la oportunidad de emitir sus opiniones sobre el proyecto. Eso determinó notables aportes al texto original.

Fue una tarea mancomunada llegar hasta ahí. Se celebraron reuniones entre representantes de ambas partes. En todas las instancias hubo receptividad a las propuestas sugeridas por el TSE. No pudo llegarse más allá porque otras modificaciones habrían implicado enmiendas constitucionales y eso habría operado en contra de la aprobación a corto plazo de la nueva legislación.