POR: Agliberto Betances
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El proyecto de ley de naturalización y regularización migratoria, aprobada a unanimidad y en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, ha silenciado el ruido mediático que generó la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y el gobierno del presidente Danilo Medina sale por la puerta ancha con esta iniciativa que ha sido bien acogida por todos los sectores de la sociedad.

La incertidumbre y el nerviosismo que despertó la tardanza del mandatario en enviar al Congreso Nacional la iniciativa legislativa ha sido despejada con un proyecto bien elaborado y consensuado que ha concitado el respaldo masivo de la población, incluido los sectores perjudicados por la sentencia de la alta corte y hasta el gobierno haitiano.

Es lo que se llama un palo del Gobierno, que supo sortear una situación delicada para el país, debido a las presiones y cuestionamientos de organismos internacionales y locales, y pudo dar una respuesta satisfactoria apegada al respecto de los derechos humanos y a las leyes, sin entrar en contradicción con la disposición del Tribunal Constitucional.

Fruto de la socialización del proyecto con los actores políticos, religiosos, empresariales, profesionales y de otros sectores de la sociedad, que le dieron su aval, la pieza navega sin tropiezos en el Congreso, como lo demuestra el que la Cámara de Diputados no lo enviara a comisión y lo aprobara de urgencia y a unanimidad en dos lecturas consecutivas.
Ahora la pieza pasa al Senado en donde se augura que correrá la misma suerte que en la Cámara de Diputados, toda vez que la composición actual de ese organismo es de mayoría casi absoluta del partido de gobierno.

Es decir, que es cuestión de días para que el país tenga una ley que “establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y sobre Naturalización”.

La motivación

En su carta de presentación del proyecto a la cámara alta, el presidente Medina destaca que la propuesta legislativa “es el fruto de un amplio proceso de consultas y de búsqueda de consensos con los diversos sectores de la sociedad dominicana y el mismo está inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Expresa que se trata de una iniciativa que se sustenta en el ejercicio soberano de los órganos democráticos de nuestro Estado, en el interés nacional y en completa observancia de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del ordenamiento jurídico dominicano”.
Sostiene que “luego de realizar las consultas a diferentes líderes políticos, empresariales y religiosos de la sociedad ominicana, estamos convencidos de que el texto final que se ha logrado ofrece una respuesta equilibrada y responsable a las necesidades fundamentales: Por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el más estricto cumplimiento de la legalidad de la República, Y por otro, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellos que han nacido y se han criado en el país”.

El respaldo

El proyecto de ley de naturalización ha recibido un amplio respaldo de representantes de la sociedad dominicana y de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, así como el gobierno haitiano.

La propuesta legislativa ha recibido el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), de la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de la Asociación de Industrias de Herrera y la Provincia Santo Domingo, de la Asociación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), entre otras representaciones empresariales, así como las iglesias católicas y evangélicas.

El presidente de FINJUS, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que el proyecto de ley de naturalización “constituye una genialidad y una verdadera joya desde el punto de vista jurídico e institucional”.

Explicó que se trata de una propuesta legislativa bien elaborada jurídicamente y que no choca con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en ninguno de sus aspectos, ni contraviene la Constitución de la República.

Estimó que los dominicanos deben sentirse orgullosos en esta ocasión, de que el presidente de la República le dio una respuesta genial e institucional a un problema que era al Estado dominicano al que más le ha estado afectando.

En tanto, los presidentes de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Pedro Brache; de la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas, Julio Virgilio Brache, y de la Confederación Dominicana de las Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme), Yuris Chez, valoraron la trascendencia que en término jurídico, económico y humano contiene el proyecto de ley de naturalización.

El empresario Pedro Brache sostuvo que el presidente Medina demuestra responsabilidad al tomar carta en un problema muy serio para la República Dominicana, porque después de la sentencia del Tribunal Constitucional hubo muchas posiciones encontradas y críticas de entidades defensores de los derechos humanos, nacionales y extranjeros.