La designación de Félix Vásquez, senador por Sánchez Ramírez en una alianza electoral, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación de un partido distinto al del presidente senatorial, integrante de la segunda mayoría, plantea una interesante controversia.

El Senado escogió a Vásquez, miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliado del gubernamental Partido de la Liberación (PLD).

Esa acción ha sido un palo acechao, en el argot popular, en contra del único senador elegido legítimamente como opositor al PLD, sin vínculo de alianza en su demarcación, que es Amable Aristy Castro, quien aún no ha querido juramentarse como representante de La Altagracia.

La justificación de la decisión es que el texto constitucional indica que es un representante de la segunda mayoría y que el PRSC envió una comunicación al Senado sobre la designación de Vásquez como vocero de la organización en el hemiciclo, marcando así distancia del PLD.

Como Aristy Castro está ausente, ni siquiera ha acudido a tomar posesión, con lo que repite comportamiento anterior de burla a sus electores y a la institucionalidad, no tiene calidad para reclamar por vía judicial, aunque es senador electo y puede invocar la Constitución en su defensa.

Ante esta jugada opositora, conviene que Aristy Castro cumpla su amenaza de elevar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, para demandar la nulidad de la decisión senatorial.

El órgano que debe validar alianzas o pactos políticos y emitir certificados de elección a legisladores es la Junta Central Electoral y, hasta prueba en contrario, el mapa quedó teñido de morado con sólo un punto rojo (PRSC) que fue La Altagracia. Luego, el único opositor es Aristy Castro.

Aparenta simple, pero tiene sus bemoles y, como sabios políticos, los legisladores que modificaron la Constitución también conocen la trampa que le han aplicado al reformista altagraciano, merecidamente criticado. Ojalá la Corte Suprema pueda sentar precedentes en este caso.