Hoy sentimos la necesidad —quizás como una forma de desahogo— de expresar inquietudes que poco a poco nos han ido transformando en algo extraño como nación. Un deterioro silencioso que, de seguir así, más adelante solo será reemplazado por lamentos, esos que suelen encubrir nuestra cobardía para llamar a las cosas por su nombre.

Si hablamos de justicia, tal vez ahí comenzó buena parte del problema. No es la falta de pruebas lo que impide condenar muchos hechos, sino el exceso absurdo de requisitos que impone un Código procesal elaborado por los mismos de siempre.

Un entramado legal que, lejos de facilitar la aplicación de la ley, levanta muros casi infranqueables, especialmente cuando se trata de personas con poder político o económico. En cambio, para los desposeídos, los procesos suelen ser rápidos y las condenas, expeditas.

Hace falta nervios de acero para no sucumbir ante la sonrisa burlona de ciertos políticos y para no perder la esperanza frente a un futuro que se vislumbra incierto.

Las señales de deterioro institucional están ahí, visibles, aunque muchos prefieren ignorarlas. Pareciera que este pueblo, desde sus orígenes, ha estado condenado a cambiar oro por espejitos.

Vivimos además atrapados en la ficción de las estadísticas maquilladas, que solo sirven para complacer a quienes habitan en la cúspide del poder. Muchos dirigentes se han especializado en disfrazar problemas, no en resolverlos.

El ego, la prepotencia y la incapacidad de admitir ignorancia pesan más que el compromiso con el bien común. La ética y la moral parecen haberse convertido en obstáculos, no en guías.

Basta observar situaciones concretas, como el eterno problema del kilómetro 9 de la autopista Duarte. A pesar de los miles de millones invertidos, la dificultad persiste casi intacta.

No se trata solo de un problema técnico: es un problema político, alimentado por el clientelismo y la impunidad que protege a determinados “honorables”, mientras la mayoría de los ciudadanos cargan con las consecuencias.

Alguien dijo alguna vez que cuando una persona insiste demasiado en que crean en ella, lo más prudente es desconfiar. Desde la caída de Trujillo, muchos políticos han encontrado en el Estado su botija personal, su Potosí, y un legado económico asegurado para su descendencia. Todo esto con un nivel de descaro e impunidad que duele y avergüenza.

En el fondo, muchas de nuestras desgracias provienen de la permisividad en el cumplimiento de las leyes. Se toleran pequeñas irregularidades que al inicio parecen inofensivas, pero que con el tiempo erosionan las bases institucionales.

Un ejemplo claro es el transporte público informal: cuando se permitió abandonar las placas oficiales por razones clientelistas y se dejó de exigir controles, se sembró una semilla cuyas consecuencias hoy resultan funestas.

La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo seguiremos normalizando lo incorrecto y posponiendo las decisiones que exigen responsabilidad y coraje cívico?