Sea de izquierda o de derecha, la amenaza para los gobiernos en América Latina han dejado de ser los generales. Esa amenaza la representa, como se puede ver en los casos de Brasil y Venezuela, su propio sistema político. El desempleo y la corrupción son ingredientes que catalizan crisis, pero que no son determinantes si los gobernantes no han incurrido en violaciones por las cuales puedan ser enjuiciados y destituidos. Aunque la misión corresponda a un Congreso tan desacreditado como el que procesa a la presidenta Dilma Rousseff.

Los últimos acontecimientos han mostrado que las trampas y maniobras que se cometen desde el poder tienen sus riesgos. Buenos ejemplos son los de Lula da Silva, a punto de ser procesado por supuesto enriquecimiento ilícito, y la tormenta judicial que enfrenta la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien podría terminar en la cárcel si se comprueba su participación en escándalos que tienen tras las rejas a gente vinculada con su gestión. Sin hablar de la persecución contra exgobernantes como Ricardo Martnilley, Panamá, y Alejandro Toledo, Perú, y otros.

Con todo, el cuadro no deja de ser convulso. Más que ideológico, como en ocasiones se ha alegado, el tono tiene otro mensaje, que puede resumirse en el interés, detrás del cual es obvio que está el Tío Sam, en consolidar el sistema institucional y la eliminación de lacras que tanto han lastrado el desarrollo de estos países, como la corrupción. Tal vez los “papeles de Panamá”, la investigación alentada por Estados Unidos sobre sociedades offshore creadas con múltiples propósitos, puedan ayudar a comprender la trascendencia que se ha dado a la corrupción en los procesos políticos.

Hay una lección que no se puede ignorar. Cuando el presidente y la vicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron obligados a dejar el poder y luego encarcelados acusados de delitos de corrupción, el proceso no mereció la menor atención. Se trataba de dos políticos de derecha cuya renuncia era reclamada diariamente por sectores populares, a los que se unirían luego gremios empresariales, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado y otros cargos.

Hoy, ese proceso guatemalteco representa el punto de partida de una ola que cada vez cobra más fuerza contra la corrupción que se propaga por América Latina. De que los acontecimientos guardan relación no cabe la menor duda. Como nada es casual tal vez la coyuntura que se ha aprovechado para impulsar la cruzada ha sido la crisis que ha hundido la economía de varios países, sacando los pueblos a las calles.
La Constitución y las leyes han sustituido a los generales de otros tiempos, siempre prestos a actuar contra el comunismo para salvar la democracia.