El caso de los inspectores de Migración y otros acusados de formar una red internacional de trata de personas ha caído en una suerte de limbo jurídico. Si bien los imputados guardan prisión, la Corte de Apelación no ha decidido sobre la recusación contra el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Cunde ya el temor de que el proceso incoado por la Procuraduría General de la República contra los 15 imputados pueda caerse.
El primer magistrado en ser recusado fue Honorio Susaña, pero no por los acusados de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, sino por el Ministerio Público.
El recurso fue presentado después que el magistrado ordenara la libertad de Flor Ángel Encarnación, una de los imputados. Luego los abogados de estos recusaron al magistrado Luis Borgés después que éste les rechazara varios recursos. La última recusada ha sido la juez Evelyn Rodríguez, cuyo sustituto no ha sido designado por la Corte de Apelación, dejando el proceso en un limbo.
El Nacional
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