El Gobierno encomendó al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), levantar un diagnóstico sobre el grado de corrupción en instituciones del Estado, cuyo resultado seguramente certificará la gravedad de un mal que parece extendido por gran parte del tejido oficial.

Representantes locales de esos organismos, convocados por el presidente Leonel Fernández, han señalado su disposición de colaborar con las autoridades en el combate a ese flagelo, pero subrayaron la necesidad de identificar las instituciones gubernamentales infectadas de corrupción.

Puede decirse que el presidente Fernández ha mudado un gran paso al solicitar al FMI, Banco Mundial y PNUD realizar una experticia en torno al alcance y complejidades de un descuidado quebranto que posiblemente haya hecho metástasis.

Los resultados de esa indagatoria no tendrían mayor relevancia, a menos que el Gobierno muestre de manera inequívoca voluntad política y jurídica de combatir al monstruo en sus propias entrañas.

Aunque el presidente de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, doctor Marino Vinicio Castillo, advirtió que los funcionarios que incurran en prevaricación serán sometidos a la justicia, dijo que la asistencia de esos organismos procura mejorar los niveles de eficiencia en la administración pública.

Banco Mundial, FMI y PNUD le dirán lo que propios funcionarios y autoridades judiciales saben o sospechan, por lo que el Gobierno está compelido a pasar de los estudios y retóricas a los hechos.

Un enjundioso estudio sobre alcance de la corrupción oficial fue realizado por el propio presidente Fernández -hace años- cuando determinó que para esa época la prevaricación drenaba al Estado con más de 30 mil millones de pesos al año. El nuevo diagnóstico marcaría esa tendencia.

Lo que se requiere y reclama es mano dura contra corruptos y corruptores.