En el 2011 escribí un artículo alrededor de nuevas leyes en los países de la OECD sobre las prácticas de corrupción cometidas por empresas de esos países en el extranjero, a raíz de unas declaraciones del entonces embajador del Reino Unido e Irlanda en el país, en las que se quejaba de que a algunas empresas se les pedía sobornos para poder hacer negocios en el país. Posteriormente, cuando llovían las críticas alegres contra la Barrick Gold de supuestamente pagar favores legislativos para obtener la aprobación de su contrato, exhorté a todo el que hacía esas temerarias acusaciones a someter su caso en la embajada correspondiente bajo la ley de prevención de la corrupción en el extranjero que aplicara. Nadie parece haber tomado nota y hoy la República Dominicana vuelve a figurar en el mapa de la vergüenza con el caso de Embraer y los Super Tucano, lo que es una buena noticia para aquellos que estamos agotados de nuestra “corrupción endémica”.

Nuestro país antes de todo esto, increíblemente, solo tenía un caso registrado en el mapa de la vergüenza en el 1994, respecto del pago a un oficial del gobierno realizado en el 1992 por la entidad Vitusa Corporation. En aquel entonces la empresa se declaró culpable y pagó una multa de $20,000 dólares. Hoy, al parecer para celebrar el vigésimo aniversario de esa dudosa proeza, volvemos a figurar en el mapa con el caso de los Super Tucano.

Lo interesante no es la participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Securities Exchange Comission (SEC) que tienen jurisdicción debido a la colocación de ADRs de Embraer en el mercado de valores de los Estados Unidos, y que están llamados a tomar este tipo de acciones bajo la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de ese país; sino que en esta ocasión, Brasil está empleando una ley aprobada en su Congreso en agosto de este año, que castiga a las empresas brasileras que realicen sobornos a oficiales de Brasil y de cualquier gobierno en el extranjero.

Es llamativo que Brasil optara por aplicar esta ley con rigurosidad, sacrificando las ambiciones geopolíticas a través de una dudosa expansión comercial (al estilo ruso y chino) y que se volcara, en cambio, a fortalecer su credibilidad como país miembro de la OECD al unirse a la tendencia creciente de perseguir los actos de corrupción realizados por empresas en países institucionalmente débiles.

Esta voluntad del Estado brasilero debería servir de alerta a nuestros inescrupulosos políticos y militares, considerando la notoria preeminencia que en la última década han adquirido las empresas de capital de ese gigante suramericano en distintos proyectos públicos y privados en nuestro país.

Aunque tengo serias reservas de que el caso de Embraer resulte en condenaciones por corrupción en nuestro país, debo confesar que me alegra ver que no solo Brasil ya tiene su propia ley contra la corrupción en el extranjero, sino que tiene la voluntad de hacerla cumplir; esto, en lo que respecta a la República Dominicana, nos viene de mil maravillas para lograr lo que nuestra propia legislación y el sistema judicial nunca han logrado en materia de corrupción.