Después de la burla del consorcio Odebrecht con el acuerdo de lenidad que suscribió con República Dominicana, cuesta creer en las delaciones premiadas para abreviar procesos y obtener informaciones concretas que contribuyan a probar delitos.

La firma brasileña se comprometió no solo a pagar una multa de 184 millones de dólares por los 92 que reconoció en sobornos para obtener y sobrevalorar obras, sino a identificar a los favorecidos con las erogaciones. No se sabe si ha honrado lo relativo a la multa, pero lo que sí se sabe es que no identificó a uno solo de los beneficiados con los pagos ilícitos.

En Estados Unidos se utilizan muchos los acuerdos con acusados para reducirles las penas a condición de que aporten datos que ayuden a desmantelar estructuras criminales. Esos pactos tienen mucho sentido.

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Pero por aquí los arreglos a que se llegado con imputados en escándalos de corrupción sobre la base del criterio de oportunidad, una figura que contempla consideraciones penales, han estado colmado de incógnitas y opacidades, amén de evidenciar las limitaciones del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones.

Basta con algunas muestras. El acuerdo a través del cual imputados en el escándalo Calamar se declaran culpables de participar en la trama y devolver al erario más de mil millones de pesos no precisa el porcentaje de la cantidad que obtuvieron en la operación.

El Ministerio Público ha celebrado la “recuperación” como un trofeo, pero sin ofrecer mayores detalles. Lo mismo ocurrió con el arreglo con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina. Montilla acordó entregar tres mil millones de pesos (dos mil en efectivo y mil en propiedades), pero nunca se detalló el monto de los beneficios que obtuvo en las prácticas fraudulentas.

El caso Senasa ha puesto sobre el tapete los arreglos (criterios de oportunidad) del Ministerio Público con tres de los encartados en la supuesta trama que sustrajo al erario más de 15 mil millones de pesos. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, negó que con Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cindy Acosta Sención se haya llegado a un acuerdo.

Sin embargo por la supuesta colaboración, que se supone va más allá de declararse culpables, fueron beneficiados con prisión domiciliaria y una garantía económica, mientras al exdirector Santiago Hazim y demás acusados se impuso 18 meses tras las rejas como media de coerción.

Los acuerdos son legales y como tales no son criticables. Todo lo contrario. Son una herramienta útil para para desmentelar estructuras y aclarar escándalos. Lo criticable son las opacidades o las incógnitas que los han rodeado.