No se trata, como advirtió la magistrada Miriam Germán, de los frágiles que lucen las pruebas para condenar, en caso de ser enviados a juicio de fondo, a los imputados en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. De lo que se trata es mucho grave, de ser cierta la revelación del consejo de defensa del abogado Conrado Pittaluga de que se manipularon y mutilaron las delaciones premiadas recibidas de Brasil para proteger a políticos y funcionarios de la actual administración pública. Las afirmaciones resucitan las sospechas sobre la impunidad en que terminaría un caso que compromete a esta nación más que a ninguna otra.

A pesar del año y medio de investigación, que supuso más de 130 mil horas de trabajo a cargo de 50 especialistas y la revisión de más de 800 mil transacciones bancarias, cuesta aceptar, por ejemplo, que el senador Tommy Galán tuviera más capacidad de decisión desde una comisión que quienes elaboraron durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 97% de los contratos de préstamos para obras de Odebrecht, y de quienes los ejecutaron. Pero además cunde la interrogante de por qué en el expediente no figura ningún ex o actual diputado cuando los empréstitos tenían que ser aprobados por las dos cámaras legislativas. Resulta muy extraño, por demás, que en el caso del PLD se actuara contra Galán, un senador más, pero en el de la oposición se apuntara como beneficiarios de los sobornos a los expresidentes del Senado, Andrés Bautista García y Jesús Vásquez.

Algunas de esas interrogantes pueden encontrar explicación en las tachaduras de documentos, supresión de páginas y manipulación de las delaciones premiadas denunciadas por Pittaluga, tanto para las exclusiones de figuras sonoras como para la selección de chivos expiatorios. Si el Ministerio Público hubiera deseado establecer responsabilidades no tendría más que seguir el ejemplo de Perú, donde ningún sospechoso ha resultado airoso.

Hasta el propio procurador general tuvo que renunciar, presionado por la opinión pública, al descubrirse que había apartado a unos fiscales para evitar que empresarios y políticos fueran investigados por su presunta participación en la trama corrupta.

Todo lo que hasta ahora ha salido a relucir en el proceso reconfirma la percepción de que “no son todos los que están, ni están todos los que son”.

El procurador Jean Alain Rodríguez puede seguir de lo más tranquilo con la plena seguridad de que la denuncia de Pittaluga, por más grave que sea, no surtirá ningún efecto. No importa que a nadie le quepa en la cabeza que el expediente, como subrayó la magistrada Miriam Germán, carezca de indicios concretos, sino que esté sustentado en vaguedades.