La recuperación del área invadida en Los Farallones de Santo Domingo Este, cuya principal importancia medioambiental radica en que su subsuelo funciona como un almacén de agua subterránea que suple a los residentes en Santo Domingo Este que es el municipio más poblado del país, y tras un amplio proceso de coordinación interinstitucional; apego a la ley y procura del respeto a los derechos humanos, fue resultado de la unión de voluntades, la capacidad de acoger denuncias y proceder sin privilegios.

Este proceso comenzó hace unas semanas, cuando en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibimos la misma denuncia de parte de diversas voces de la vida nacional: existía una flagrante ocupación ilegal en un área protegida del Gran Parque de las Américas en Los Farallones, kilómetro 14 de la autopista Las Américas.

Lo primero que se manifestó fue la voluntad colectiva de escuchar estas inquietudes. Durante años la ausencia de esta para oír a la ciudadanía y actuar en consecuencia, desapegados de la ley, era la regla de la política gubernamental de las autoridades de ese momento.

Inmediatamente llegó el gobierno del cambio, lo propio ocurrió con respecto al medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas de la República Dominicana.
De sumo valor fue la disposición y colaboración inmediata que ofrecieron las más diversas instituciones, como el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA); la Alcaldía de Santo Domingo Este; la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; la Policía Nacional; el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI); la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Obras Públicas. También apoyaron la Fuerza Aérea y la Armada de la República Dominicana.

El otro aspecto a ser destacado es que, a pesar de la invasión ilegal, y que la ley nos ampara para sanear esa violación; lo hicimos con el máximo rigor que nos exije el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos involucrados; sin caer en la dejadez o en el limbo judicial de tiempos pasados, por lo que de inmediato instruimos para someter a la justicia a los responsables de la laceración a un área protegida.

A la luz de los acontecimientos de los últimos 16 años, la forma en que se actuó en Los Farallones es un caso excepcional que debemos convertir en regla cuando se viole la ley. Así lo hemos impulsado desde que inició la gestión del presidente Luis Abinader, identificando las necesidades de recuperación de zonas protegidas; pero esto debe estar acompañado del debido proceso, pues solo eso garantiza legitimidad de las acciones y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Por: Orlando Jorge Mera

orlandojorgemera@yahoo.co