Un exceso
Señor director:
El pasado 28 de noviembre, mientras realizaba diligencias comunitarias en instituciones localizadas en La Feria, fui víctima de un acto de abuso y exceso de autoridad legalizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque estacioné un carro en la calle Hipólito Herrera Billini, tramo norte de la avenida Independencia, donde la circulación vehicular es mínima.

Terminada la diligencia, nos dirigimos hacia donde dejamos el vehículo y lo que encontramos en su lugar fue un formulario pobremente impreso, cuyo llenado lo completó una persona que por su grafía y desacuerdo gramatical estaría en proceso de alfabetizarse.

Según vecinos de allí, el Ayuntamiento se llevó el carro tan pronto nos retiramos.

En seguida nos dirigimos al Palacio Municipal y llegamos a un parqueo a cielo abierto con un portón bien vigilado, repleto de automóviles, llevándonos la sorpresa de que aquello es un lucrativo negocio de secuestro de vehículos, legalizado por el ADN.

Por la acción arbitraria y la intransigencia de los que allí controlan, todavía suponemos que los choferes de la grúas acechan a sus víctimas, habida cuenta de que éstos cobran por cada viaje que hacen.

Dichas grúas están rotuladas: unas Amet y otras Grúas Nacionales S.A.

Concomitantemente, 4 ó 5 grúas descargan automóviles, privilegiando carros y yipetas privados que pagan obligatoriamente desde 1300 hasta 1,800 pesos cada uno para poderlos retirar.

Policías municipales y de Amet realizan y controlan estos operativos producidos en una corta periferia del Palacio Municipal.

La sensación de secuestro que nos arropó nos hizo recordar el que en esos momentos perseguía la Policía Nacional en San Francisco de Macorís en busca de los criminales y desalmados que pusieron en peligro la salud física, afectiva y la propia vida de una niña de 28 meses de nacida que mantenían fuera de su hábitat natural; sólo que el caso de secuestro de vehículos es insignificante frente a aquella acción criminal, pero ambos son secuestros

En las calles que bordean el ADN se perciben decenas de vehículos que obstaculizan el transito peatonal y vehicular pero ésos no los recogen.

El afán de recaudar fondos obnubila el preclaro juicio de muchas autoridades de ese cabildo y de otras instituciones. Amet, por ejemplo, que es parte de ese complot, se lanzó masivamente a las calles unas ocho horas después de perimir el plazo para pagar el marbete de la placa a poner multas y a incautar vehículos a los que no habían pagado aquel impuesto.

El ADN tiene un departamento de solución de problemas de ocupación de espacios públicos pero este departamento parece ser decorativo, pues miles de tramos de calles y avenidas de los barrios del Distrito Nacional están ocupados por intrusos que ocupan las vías con sus aceras sin que Espacio Publico haga nada. Ahí está Villa Consuelo, Villa Maria, Villa Francisca, Maria Auxiliadora etc.cuyo desorden no puede ser mayor.

El hospital Luis Eduardo Aybar, Morgan, por ejemplo, tiene su frente arrabalizado en perjuicio de su higiene, de su decencia y de su libre entrada y salida vehicular al área de emergencia, y la sindicatura no hace nada.

La acción contra nuestro vehiculo, justo cuando gestionábamos servicios de bien común para nuestra comunidad, más que chantaje y abuso nos pareció un atraco y posterior secuestro, por cuya liberación exigían y en efecto pagamos la suma de 1,300 pesos, más la insubordinación verbal que ese atropello nos impuso por la impotencia sentida frente al abuso de poder.

Nosotros hemos sido y seremos efectivos cumplidores de la Ley de Transito y las disposiciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero su aplicación discriminatoria es ilegal, injusta y hasta poco seria.

Atentamente,

Lic. Santiago Martínez