¿Advertencias o despropósitos?
Señor director:
Un conglomerado de ciudadanos de la sociedad civil, del empresariado y opositores políticos, han interpuesto numerosos recursos alegatorios ante la comunidad nacional, solicitando la adopción de medidas cautelares contra el pretendido uso por parte del Gobierno de los Fondos de Pensiones.

El presidente Fernández, en varias oportunidades, se ha referido a que esta riqueza nacional pueda ser utilizada racionalmente para la construcción de viviendas para trabajadores o para proyectos de desarrollo en el sector agropecuario e infraestructuras productivas con el aval y garantía por parte del Estado dominicano.

Bajo alegatos de tipo político, porque no les conviene que se ejecuten programas amplios para favorecer a los trabajadores -que son los verdaderos dueños de los capitales- pues aumentaría el capital político del gobierno que lo desarrolla, la oposición perredeísta coloca todo tipo de obstáculo para su uso. Asimismo, cierto empresariado que viene actuando como caja de resonancia de ciertos grupos que dominan los grandes emporios financieros de la banca y los altos negocios del país, afectados por la pérdida de influencia en marcarles los tiempos a las autoridades nacionales, también suma voces al caso opositor.

Por ello, es razonable que la reacción de estos enclaves, que hacen coincidir negocios y política, se encauce a través de la tutela diplomática de los patronazgos internacionales que influyen en la toma de decisiones para el diseño y ejecución de políticas públicas.

Sin ningún atisbo de respeto por lo institucional, de estos grupos salen iniciativas que dentro de la propia dinámica de la democracia constitucional le exige una actitud de neutralidad ideológica, sin embargo, ponen de manifiesto una de las consecuencias indeseables del poder: invadir el terreno de la autoridad nacional.

De este modo, se pretende llegar a una extraña pluralidad de situaciones: seguimiento constante al comportamiento y calidad del gasto; suspender el endeudamiento externo para cuadrar finanzas públicas; elaborar ellos un Plan para decirnos dónde debemos ir; no podemos seguir marchando sin rumbo definido, apagando fuegos del momento. Es decir, seguir su agenda, en lugar de garantizar un punto de vista homogéneo en una diversidad de consecuencias que manejan los gobiernos.

Es evidente que el Gobierno tendrá que disponerse a plantear una confrontación con este fraccional empresariado y algunas voces altas de la opinión pública y política partidarista, que han montado un dique de contención para el uso de los fondos citados.

A modo de adoctrinamiento, estos grupos quieren imponer unas ideas que no comparten una buena parte de la población dominicana, que contempla estos recursos para el desarrollo de sanas iniciativas en la agropecuaria específicamente, sector éste postergado en el beneficio de la gran riqueza nacional, en manos de sectores opuestos que han sido sus grandes beneficiarios.

Esta gente debería ser consciente de que el Estado dominicano siempre ha sido el mejor aval para pagar pensiones; una gran masa del sector opositor todo el tiempo usa la pensión estatal para su clientela como balón de oxígeno. ¿Acaso el Estado no honra el pago de los bonos y compromisos de deuda interna y externa?

Es por esto que los argumentos, esgrimidos más para parecer enérgico y patriótico en cuidar estos recursos, empiezan a ser preocupantes, porque más bien parecen todo lo contrario: que se conviertan en una horma para provecho de sus preestablecidas formas de poder legitimadas por la política. Lo penoso es que hay sectores de la opinión pública que lo comparten de buena fe.

Atentamente,

Manuel A. Fermín