El presidente Danilo Medina ordenó clausurar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (Crep), al acoger recomendaciones de una comisión oficial que indagó la venta de terrenos en Los Tres Brazos, cuya nulidad también dispuso.
Previo a esa disposición, el mandatario ordenó por decreto la suspensión de todas las ventas o reventas, así como los procesos de desalojo contra los ocupantes de esos terrenos, propiedad de Corde.

La comisión que investigó esa operación determinó que se violó la Constitución de la República, la ley de Reforma a la Empresa Pública y la ley de Función Pública, lo que sirvió de base para que el Presidente anulara la operación y ordenara la disolución de los entes jurídicos actuantes.

El Poder Ejecutivo hizo uso de sus prerrogativas constitucionales para reparar un daño jurídico y material causado por una operación de venta irregular de terrenos propiedad de un consorcio estatal, pero la identificación y sanción de un posible ilícito penal corresponde al Ministerio Público y a los tribunales.

Debe precisarse que esa operación de venta fue irregular por su colisión con la Carta Magna y con leyes adjetivas, pero esos terrenos son propiedad de una empresa del Estado, por lo que no resulta ilegal que Corde procure recuperar esos activos por vía de una operación lícita.

Por tratarse de un inmueble ocupado de buena fe por centenares de familias, esos predios debieron ser incluidos en el Programa Nacional de Titulación que ejecuta el Gobierno, para lo cual Corde debía traspasarlos a Bienes Nacionales, por donación o cualquier otra vía jurídica.

El derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República, es válido para toda persona física y jurídica, incluido el emporio estatal que una vez llegó a poseer 34 empresas, por lo que aquí lo que se discute es la naturaleza de una operación señalada como irregular, pero no del despojo de un derecho.

El Gobierno debe actuar con absoluto apego a la Constitución y a las leyes, sin olvidar que administra el patrimonio nacional en sus diferentes vertientes, incluidos los activos del consorcio Corde, cuya disolución ha sido dispuesta.