No es exageración decir que entre las causas de los más de 200 feminicidios por año, cada vez más ensañados y misógenos, están las acciones del Congreso dominicano, encargado de legislar para proteger a toda la ciudadanía en general, y en particular, a las que sufren violencias basadas en el género, es decir, a todas las dominicanas, poco más de la mitad de este país.

Al igual que todas las personas, nuestros legisladores y legisladoras, tuvieron su socialización en una cultura profundamente exclusiva, androcentrista y machista, caracterizada por la visión dicotómica que establece un doble parámetro en función de las diferencias que, para el patriarcado son por color de piel, etnia, sexo, género, edad, cultura, política, religión o ideología, etc.
Una forma de violencia pasiva y sociocultural que muchas veces se convierte en agresión física y muerte, con tendencia a ser justificada aún conste como crímenes legalmente, porque una serie de mitos y estereotipos inculcados y aprendidos, nos hacen creer que «es normal» clasificar a las personas por las diferencias, en mejores o peores, un ejercicio que también, y sobre todo, hacen las iglesias.

Así las cosas, estas creencias populares, santificadas y separadas del verdadero mensaje cristiano, establecen los grandes prejuicios que generan los mayores rechazos y los convierten en odio hacia sectores estigmatizados.

De ahí a matar, solo queda un paso, y lo hacen con convencimiento ideológico, misma lógica de quienes justifican estas injusticias y estos crímenes!
El que un Congreso, que en más de 17 años haya mantenido estancada la reforma del Código Penal dominicano, porque se niega a despenalizar la interrupción del embarazo, además de ser causa de las violencias basadas en el género y de femincidio, es una muestra de que la cultura en este tiempo y hasta hoy, tiene a quienes legislan entrampados entre una mentalidad machista corporativa, exclusiva, injusta y denigrante para la mitad de este país, y una práctica política oprobiosa.

El Congreso dominicano manda un mensaje claro a la ciudadanía cuando actúa como lo está haciendo, que dice lo poco que valemos las dominicanas, incapaces de decidir y necesitadas del tutelaje del Estado para guiarnos en las determinaciones que afectan solo nuestra propia existencia física y moral.

Es decir, que otorga el permiso a todo hombre en este país a que justifique cualquier violencia, incluido el feminicidio, en nombre de la obediencia debida, poniéndonos en la categoría de «mascotas», dirigidas, corregidas, controladas y con dueño. En este momento, el Senado que tiene la palabra, tendría que reconocer su cuota de responsabilidad en los feminicidios y actuar.