Simple, en términos comparativos, desde que se empezó la ley seca en el 2006 el Estado dejó de percibir unos 450 millones de pesos al mes por concepto del selectivo al consumo sobre la venta de bebidas alcohólicas. Eso hace un acumulativo de USD$146 millones de dólares al año que no gana el erario dominicano. Cerca de la mitad de lo necesario para cubrir la falta de recursos para el subsidio eléctrico.

Ahora que estamos debatiendo hacer la ley seca una verdadera Ley y no un decreto de corte seudo-trujillista, se da la coyuntura de que nos enfrentamos a una crisis con el subsidio eléctrico. ¿Qué pasa si traemos las dos cosas al mismo plano? ¿Por qué no mejor consideramos eliminar la ley seca que de por sí no ha servido para nada, e incentivamos un aumento de las recaudaciones por vía del incremento en el consumo al extender los horarios en que bares, discotecas y restaurantes pueden operar?

Y lo digo medio relajando y medio en serio. Pero seamos objetivos, la ley seca tenía una meta, que era reducir la criminalidad, y no hay que ser un genio para ver que en eso ha sido un rotundo fracaso, y la única razón por la cual aún se aplica es para alimentarle el ego a un grupito de amargados, y llenarles los bolsillos a las patrullas de Policía que aceptan sobornos para mantener locales abiertos más allá de las horas permitidas.

Desde un principio se advirtió que esa medida de restringir los horarios de expendio de bebidas alcohólicas no iba a servir contra la criminalidad ni la violencia, más cuando sucesivos estudios han sido reiterativos en advertir que estos ocurren por abrumadora mayoría en horas del día.

Ninguno de los países desarrollados que la han aplicado lo hicieron para combatir la criminalidad. Algunos lo hicieron para salvar tradiciones, reducir cargas en su sistema de salud socializado, preservar la productividad de los empleados formales, etc. Aquí se vendió el sueño que podría bajar la criminalidad, pero hace tiempo que despertamos.

Sin ley seca de por medio, es previsible un aumento inmediato en la recaudaciones por concepto de ITBIS y selectivo al consumo sólo por la subida de las ventas en los lugares de esparcimiento ciudadano. Adicionalmente, esto va a incidir en las declaraciones de impuesto sobre la renta en toda la cadena, desde quien produce o importa las bebidas, los que la distribuyen y naturalmente los que la venden al público.

Y lo mejor es que estos recursos están a la distancia de un plumazo que derogue el ridículo decreto, sin aumentar impuestos, sin pedir préstamos, ni asumir una medida impopular que afecte al Gobierno en lo político.

Hace tanto que el Estado dominicano no se veía en una situación como la actual, y cualquier fuente de recursos que le sea presentada que no implique mayores cargas impositivas a la población debería ser bienvenida, y la simple derogación de la ley seca podría significar ingresos adicionales de hasta unos RD$2,300 millones de pesos este año que caerían de mil maravillas.

Entonces, cabe elegir entre una costosa medida fracasada, o su eliminación para revivir el consumo en parte de los bienes y servicios de la economía. Personalmente, entiendo que la economía va primero, y los caprichos personales contra algunas formas de negocio deben ir después.