Cada vez que se habla de la corrupción en el Estado, lo más frecuente es mirar rápidamente hacia el litoral de la Administración Pública, cosa normal y entendible, puesto que esta no es más que el conjunto de instituciones públicas que llevan a cabo la función administrativa del Estado.

Realmente, el tema siempre ha estado presente. Mucho antes de la aparición del Estado moderno. Ha sido una lucha constante entre el bien y el mal, entre la claridad y la oscuridad, la cual, observada desde la Administración Pública, podríamos ciertamente recalcar que viene siendo una guerra a muerte entre los defensores de la transparencia y los amantes de la corrupción.

De manera que, diariamente, del seno de la sociedad emergen cambios de carácter positivo o negativo. Y resulta que cuando los cambios negativos logran superar a los cambios positivos, convirtiéndose en agentes primarios, entonces, afirmamos irreversiblemente que estamos frente a la denominada pérdida de valores.

Significa pues, que, con prontitud, sin pérdida de tiempo, los hombres y las mujeres responsables de la conducción o funcionalidad de un gobierno, comprometidos con las políticas públicas eficaces y con el bien común, deben cambiar de rumbo para así evitar que una profunda crisis de valores, cual si fuera un fantasma endemoniado, termine sacudiendo todos los estamentos de la sociedad.

Un Estado moderno, social y democrático de derecho, como existe actualmente en la República Dominicana, en medio de la crisis global de valores que sacude al mundo, está obligado a ser conducido por un presidente constitucional que sea portador de un discurso y un comportamiento propios de un ser humano identificado por una férrea ética profesional.

Y más todavía, requiere de autoridades sabias y competentes, honestas en cada una de sus áreas de trabajo, con aptitudes suficientes para enderezar todo aquello que no vaya acorde con las buenas prácticas, las cuales son imprescindibles para la convivencia pacífica entre los ciudadanos y el ritmo armónico de las instituciones del Estado.

Alejadas de toda función pública, deberían quedar todas las personas que, teniendo bajo su responsabilidad la administración de recursos provenientes del Estado, se dejan seducir o tentar con cierta facilidad, a sabiendas de que se está cometiendo un delito de consecuencias impredecibles.

Insistimos en que es una cuestión primordial la continuidad de políticas de capacitación y profesionalización en la Administración Pública para, de ese modo, fortalecer el Estado; sólo así contrarrestamos efectivamente el bendito flagelo de la corrupción.