El presidente Leonel Fernández ya nos tiene acostumbrados a reaccionar, luego del palo dado. Ya lo dijo: No habrá licitación en la venta del 49% de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo.

Lo interesante es cómo, cada vez que el gobierno está involucrado en un conflicto en el que se cuestiona su falta de transparencia, siempre la respuesta ha sido por la tangente, sobre la base de algún argumento jurídico novedoso. En el caso de la Sun Land, nunca se supo el destino del dinero, pero se dijo que sólo el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados tenían derecho a cuestionar la constitucionalidad del préstamo.

Ahora resulta que en Refidomsa, para vender acciones, no hay que hacer licitacion pública, pues este acto de venta constituye un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado sometido al proceso de licitación previsto y reglamentado por la Ley No. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

Al decir del gobierno, como se trata de un acto hecho por el Estado comerciante, no hay ni siquiera que obtener la aprobación del Poder Legislativo, sino que será informado al Congreso, para cumplir estrictamente con una formalidad.

Pero, ¡qué curioso! Si para que el Estado compre lapiceros, un acto de comercio, la Ley de Licitación Pública exige licitación para escoger el suplidor, ¿no será lo mismo para determinar el comprador de las acciones del Estado en una empresa, que de por sí, es de capital público?

Con esta justificación, quedan aún por responder: ¿si la venta incrementará la deuda del Estado con Petrocaribe? ¿cómo será la gobernabilida d de Refidomsa a partir de tener un socio que tenga el 49% de acciones? ¿Está o no involucrado el gobierno de Venezuela en la compra original de las acciones de la Shell? ¿Cuál habrá sido el papel del Banco de Reservas en la compra de las acciones de la Shell?