Un total de 346 querellantes y víctimas permanecen vinculados al proceso penal seguido contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2026. El juicio preliminar, que se ventila en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue aplazado para el próximo 16 de marzo.
A pesar del proceso judicial, la familia Espaillat informó que, aun sin existir una sentencia firme, ha resarcido hasta la fecha al 70 % de las víctimas. Asimismo, destacó que mantiene acciones de protección y acompañamiento a niños en condición de orfandad a través de la Fundación Raíces de Esperanza.
Responsabilidad y defensa técnica
Antonio y Maribel Espaillat, portavoces de la familia, reiteraron que han actuado con responsabilidad y solidaridad desde el primer momento.
“La dimensión de lo ocurrido nos ha marcado de manera profunda. Nada devuelve lo perdido, pero hemos procurado acompañar, apoyar y responder con hechos, más allá de cualquier consideración procesal”, expresaron a través de un comunicado.
La defensa de los hermanos Espaillat subrayó que, a la fecha, no existe una sentencia definitiva ni un peritaje técnico validado por un tribunal que determine las causas exactas del colapso o establezca responsabilidades penales individuales.
En ese sentido, indicaron que un informe técnico citado por el Ministerio Público reconoce que el evento ocurrió de forma “súbita e instantánea”, un elemento que continúa bajo análisis judicial.
Próximas audiencias caso Jet Set
La familia recordó que solicitó desde las etapas iniciales la realización de estudios técnicos especializados. La valoración de estas pruebas será conocida de manera contradictoria en la audiencia pautada para el próximo 30 de enero, conforme a las garantías del debido proceso.
Finalmente, los hermanos Espaillat reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades y su llamado a que el esclarecimiento de los hechos se produzca a través de las vías institucionales y con base en pruebas judiciales, reafirmando su respeto a la memoria de las víctimas y su solidaridad con todos los afectados.

