La ley de creación de la Provincia La Altagracia no dejaba lugar a dudas. Esta ley, la #5597 del 11 de agosto de 1961, era taxativa, sin dejar espacio a interpretaciones. Pero dentro del Consejo de Estado se percibió interpretativa, dejando espacio para posponer su aplicación.

El artículo 1 de la misma ley es preciso cuando dice: “A partir del 16 de agosto de 1962, los territorios del municipio de Higüey, incluyendo los del distrito municipal de San Rafael del Yuma, quedarán constituidos en provincia con el nombre de provincia La Altagracia y con la ciudad de Salvaleón de Higüey como su capital”.

La ley, además, identificaba los nombres de las secciones y sus comunidades dependientes dentro de cada uno de los dos municipios. Lo mismo, por supuesto, respecto de la provincia La Romana, territorio del cual se desprendía la jurisdicción a establecer.

¿Qué motivó al Consejo de Estado para promulgar la ley #3982, mediante la cual se posponía sin fecha, la ejecución de otra ley que en cierta medida creó un bien jurídico de aplicación imperativa y de alcance colectivo?

A veces los gobiernos asumen acciones contraindicadas por el sentido común. Y esta posposición, generadora de un malestar en los pobladores esperanzados en su promoción jurídico-política, fue una de ellas.

En la reunión celebrada en el auditorio del Ayuntamiento, salió a relucir el alcance de tal descontento. Cuando el doctor Arévalo Cedeño Valdez me habló de declarar el territorio libre, hubo un aplauso enardecido. Pregunté qué harían, en el hipotético caso de llegar a este extremo, ante el envío de tropas militares por el gobierno. Se gritó que presentarían resistencia. Por supuesto, estaban, todos los presentes, seducidos por el ambiente exaltado propio de una situación impensada.

Tal postura, lo admito, trascendía a los presentes en el salón del Palacio Municipal. Como parte de mis indagatorias, recorrí sectores populares, incluyendo comunidades rurales. Visité La Otra Banda, hoy arropada por área urbana aunque distante en aquella época, y desde que veían el letrero de “La Nación”, las personas me hablaban de que se declararían independientes.
Se exponían argumentos insostenibles o inexplicables, en ocasiones.
En Mata Chalupa me dijeron que la región se haría independiente porque los capitaleños no querían saber de los higüeyanos, y prestaban poca atención a sus preocupaciones.

En San Rafael del Yuma me aseguraron que había una negativa a establecer la provincia debido a que no se quería construir el edificio de la Basílica a la Virgen de la Altagracia; en el disperso poblado de Nisibón me dijeron que el gobierno no tenía recursos para erigir las obras indispensables al crearse la provincia.

No publiqué, por supuesto, ni éstas ni otras respuestas por entenderlas insustentables. Más no dejé de darme cuenta que la animosidad provenía, en el fondo, de una campaña motorizada por los dirigentes higüeyanos, pues fuera de esas respuestas, no encontré expresiones racionales.

A estas reacciones los llevó una declaración hecha por el consejero, primer vicepresidente, doctor Nicolás Pichardo, ante una comisión que visitó el Palacio Nacional el 11 de julio. El desafortunado pronunciamiento se publicó luego en el diario “La Nación”, el 13 de julio.

En esa declaración, el doctor Pichardo dijo que el Consejo de Estado no atendería las protestas de los higüeyanos. En cierto modo, según se me dijo en la sesión del auditorio, ese pronunciamiento enervó los sentimientos de las comunidades de la región. Por eso se negaban a conversar con este consejero y preferían hablar con don Luis AmiamaTió, a través del cual, finalmente, se levantó la protesta y se regularizó la vida en el territorio levantino.

Por cierto, debo señalar que el doctor Arévalo Cedeño Valdez, proclamada ya la Provincia, fue electo diputado al Congreso Nacional el 20 de diciembre de 1962. En esta calidad fue escogido para integrar la Asamblea Revisora de la Constitución, votada el 29 de abril de 1963.